"Refutamos este nuevo ataque y manifestamos que soy diputado del Parlament y presidente de Cataluña, tal como se votó el 4 de enero en la sesión plenaria", afirmó el líder independentista en una declaración institucional tras reunir de urgencia a todo su Gobierno.
Ante este veredicto, que podría hacer peligrar su cargo, el presidente catalán pidió al Tribunal Supremo que suspendiera como medida cautelarísima la decisión de la JEC, algo que el alto tribunal español rechazó este 10 de enero.
"No reconocemos los efectos que pueda tener esta resolución", aseveró Torra en nombre de su Gobierno y también de las instituciones parlamentarias catalanas, que este mismo día se reunieron con el dirigente para evaluar las posibles consecuencias de la decisión judicial.
En este sentido, el líder catalán consideró que "el único que puede decidir" sobre su cese como presidente es el Parlamento de Cataluña y las leyes que lo rigen, así como el Estatuto de Autonomía de la región.
"El único margen jurídico aplicable a la hora de cesar al presidente es el que establece el Parlament", insistió Torra acompañado de los miembros de su Ejecutivo, las autoridades del Parlamento y los dirigentes de los partidos independentistas.
Asimismo, llamó a hacer prevalecer el reglamento de la Cámara catalana y criticó la "inaceptable vulneración" contra este órgano legislativo compuesto por 135 miembros, de los cuales 70 diputados forman una mayoría independentista.
"Toda esta represión política debe terminar de forma inmediata", concluyó el presidente catalán, sobre el cual pesa una condena a un año y medio de inhabilitación por negarse a retirar insignias independentistas de edificios públicos en periodo preelectoral.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inhabilitó a Torra —y que admite recurso— inició este periplo judicial que se alargará previsiblemente hasta que el Tribunal Supremo español emita un veredicto firme, algo que podría tardar varios meses.
Desde el Gobierno catalán reiteraron en diversas ocasiones la intención de agotar la legislatura de Torra, que tiene como fecha final enero de 2022, ante la opción de avanzar elecciones en Cataluña.
