"El Ministerio Público ha iniciado las acciones necesarias a fin de lograr la extradición de los implicados en dichos hechos en cumplimiento del Tratado de Extradición entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela vigente desde 1938", comunicó el ente.
La nota añade que "conforme al ordenamiento jurídico internacional que rige el derecho al refugio, dichos ciudadanos están incursos en causales que les impiden ser reconocidos como refugiados, pues han cometido delitos contra la paz y contra las finalidades y principios de las Naciones Unidas".
Al día siguiente, el Gobierno venezolano informó del robo de 120 fusiles de asalto y nueve lanzacohetes portátiles RPG durante el ataque, supuestamente con el propósito de realizar una acción de bandera falsa para propiciar una intervención militar de EEUU contra Venezuela.
Por el ataque a la unidad militar habían sido detenidas siete personas y el Gobierno acusó a tres diputados opositores de estar implicados en plan denominado "Navidades Sangrientas".