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No todo lo que brilla en Ecuador es oro

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El acuerdo entre el Gobierno de Lenín Moreno y las agrupaciones indígenas trae paz tras 10 días de manifestaciones masivas. Sin embargo, no todo es triunfo popular. Se abre la puerta a una etapa más dura de persecución política.

El pueblo ecuatoriano festejó en las calles la derogación del decreto 883, el del famoso paquetazo económico que eliminaba los subsidios a los hidrocarburos. Sin dudas fue un logro de la movilización popular, de la lucha en las calles.

Los movimientos estudiantiles, sindicales e indígenas forzaron al Gobierno de Lenín Moreno a buscar otra manera de cumplir los requisitos del Fondo Monetario Internacional para el repago de un crédito de más de 4.000 millones de dólares.

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La oferta de diálogo, por parte del Gobierno, llegó después de que el toque de queda y la militarización de la ciudad de Quito sean desafiados por los movimientos populares. La resistencia a la brutal represión del dispositivo de seguridad estatal generó un ámbito de discusión mediado por una representación de Naciones Unidas, pero se pagó con el alto costo de ocho vidas humanas y más de 1.000 detenidos.

El día anterior, en medio de las manifestaciones, un grupo de encapuchados ingresó a la Contraloría General e inició un incendio. Este fue el motivo para la declaración del toque de queda y una razón más para culpar al correísmo de la violencia en las manifestaciones, aún sin ninguna prueba de su involucramiento en el hecho.

El acuerdo establece la derogación del decreto 883 y la conformación de una comisión que revise la redacción de un nuevo decreto que reemplace al anterior. Uno de los redactores de dicho acuerdo fue Pablo Celi de la Torre, controlador general del Ecuador. A pesar de ser la Contraloría un ente autónomo, en las negociaciones participó como parte del Gobierno de Moreno. No es de extrañar tampoco, ya que Celi, otrora defensor de la Revolución Ciudadana junto a Moreno, hoy en día encabeza la persecución a sus antiguos compañeros correístas.

Este acuerdo permitirá la desmovilización de las organizaciones indígenas y de gran parte de los movimientos sociales. Pero abre la puerta para la próxima etapa en la persecución política a la Revolución Ciudadana.

  • El expresidente Rafael Correa se encuentra en Bélgica, obligado a presentarse frecuentemente en el Consulado ecuatoriano para declarar en varias causas judiciales.
  • Jorge Glas, el vicepresidente de Moreno, detenido en el marco de la persecución judicial.
  • El exministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, obtuvo asilo político en México debido a la persecución a la que está sometido.
  • La asambleísta y anterior presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, logró obtener refugio en la Embajada de México en Ecuador tras recibir amenazas contra ella y su familia.
  • El asambleísta Yofre Poma, la exalcalde Alexandra Arce y la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, todos detenidos tras el acuerdo entre el Gobierno y los movimientos indígenas y acusados de "asociación ilícita al paralizar servicios".

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Se busca asociar al correísmo con los disturbios en las manifestaciones, culparlos del bloqueo de rutas o saqueos. Sin embargo, ellos no fueron invitados a participar de la negociación. Si el correísmo es el culpable de estos disturbios, ¿por qué acabaron tras la firma del acuerdo del cual no son parte? Tal vez sea porque el acuerdo eliminó la verdadera causa de la movilización popular y de los disturbios, el decreto 883.

Por otro lado, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el exalcalde Jaime Nebot, no enfrentan proceso legal alguno por incitar a la violencia civil. Ambos habían fomentado el choque violento entre los moradores de Guayaquil y posibles manifestantes que se acercasen a la ciudad.

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