"Cualquier influencia o interferencia de la clase política del país o del extranjero es inadmisible y debe tratarse como un ataque contra la Constitución", declaró el ente.
El tribunal insistió que sus sentencias y resoluciones, una vez emitidas, deben "respetarse y ejecutarse".
La prolongada crisis política en Moldavia atraviesa estos días por una fase de escalada en medio de creciente preocupación internacional.
Las elecciones legislativas de febrero pasado fueron seguidas por tres meses de conversaciones infructuosas hasta que el Partido de Socialistas de la República de Moldavia (PSRM, prorruso) y el bloque electoral ACUM (proeuropeo) lograron el 8 de junio un acuerdo de mayoría parlamentaria para formar Gobierno en sustitución del anterior, del Partido Demócrata de Moldavia (PDM), a cuyo dirigente, el oligarca Vlad Plahotniuc, culpan de corrupción endémica en el país y secuestro de instituciones del Estado.
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Ya en noviembre de 2018, el Parlamento Europeo manifestó profunda preocupación por el retroceso en las normas democráticas en Moldavia y su deriva hacia "un Estado secuestrado por intereses oligárquicos con una concentración de poder económico y político en manos de un pequeño grupo de personas que ejerce su influencia sobre el Parlamento, el Gobierno, los partidos, la administración pública, la policía, el poder judicial y los medios de comunicación".
