"Queremos informarle que en Colombia se vienen registrando sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que amenazan gravemente su seguridad e integridad", señala la misiva, dirigida a Michelle Bachelet, alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.
La misiva también expone cómo los magistrados del país son objeto de interceptaciones telefónicas y cómo a tres de ellos el Gobierno de Estados Unidos los revocó la visa la semana pasada, ad portas de que se tomen decisiones relacionadas con el caso de la extradición a EEUU del líder de FARC 'Jesús Santrich' y las objeciones que presentó el Gobierno de Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP (tribunal de paz).
"Lo que podemos afirmar es que las decisiones consulares en mención se precipitaron luego de que el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseveró que el texto de la ley estatutaria de la JEP, revisado por la Corte Constitucional, menoscababa la figura de la extradición", expresaron los firmantes de la carta.
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En ese sentido, pidieron a Bachelet que verifique esos hechos, se pronuncie sobre los mismos lo antes posible, solicite que se tomen de inmediato medidas de protección para los magistrados y que su oficina haga una observación constante de la situación, ya que de ello depende la debida implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
