"Aunque muchos de los primeros logros en materia de paz son incuestionables (…), todavía quedan por delante algunas de las tareas más difíciles para consolidar la paz (…) El proceso de paz en Colombia se encuentra en una coyuntura crítica", dijo el funcionario en su informe trimestral al Consejo de Seguridad de la ONU.
Asimismo, indicó que urgió a Bogotá para que avale pronto la ley estatutaria de la JEP, ya que "más de dos años después de la firma del Acuerdo Final [de Paz, suscrito entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016] la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contará" con un marco jurídico.
"Destaqué la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteré las preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre que rodeaba la aprobación de la ley estatutaria", indicó Guterres al Consejo de Seguridad.
En su informe, Guterres dijo que confía en que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que impulsa el ejecutivo colombiano contemple recursos adicionales para los programas de reincorporación de excombatientes de FARC que se desmovilizaron.
"Dado lo importante que es restaurar la confianza en la reincorporación efectiva, esperamos que en el Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo en el Congreso se prevean claramente recursos adicionales, que serán fundamentales para implementar el programa de reincorporación", señaló.
Por último, hizo un llamado a que se mantengan los esfuerzos del proceso de reincorporación de exguerrilleros, lo cual, dijo, "es fundamental para contrarrestar la sensación de inseguridad económica y la erosión de la confianza entre los exmiembros de las FARC, lo que, junto con las amenazas a la seguridad y la incertidumbre jurídica, podría repercutir negativamente en el proceso de reincorporación".
El pasado 10 de marzo, en una alocución televisada, el presidente colombiano Iván Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.
Duque indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos objetados por el Gobierno, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.
Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostienen que el Gobierno busca dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz y restarle competencias al tribunal de paz, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.
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La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición, por lo que su paso por el Congreso retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.
