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La insondable violencia en Veracruz, donde debutó la Guardia Nacional de México

© AFP 2021 / Yuri CORTEZ Militares mexicanos (Archivo)
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El debut de la flamante Guardia Nacional en Veracruz (sureste) no logra tranquilizar a los colectivos de familiares que buscan a más de 6.000 personas desaparecidas en ese territorio costero del Golfo de México, explicaron a Sputnik madres de las víctimas.

Aunque las cifras oficiales de la fiscalía veracruzana solo registran a 3.650 personas, "se comenzó a implementar la Ley General de Desaparición Forzada, y han renacido las esperanzas, nos sentimos más respaldadas, porque ahora todas podemos buscar", dijo en entrevista con esta agencia Lucy Díaz Genao.

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Nunca en 12 años de la violencia del crimen organizado Veracruz había destinado un centavo para respaldar el trabajo de familias, casi todas mujeres, que buscan en unas 400 fosas clandestinas abandonadas por las autoridades, de las 1.100 en todo el país, recuerda la responsable del colectivo El Solecito.

Diáz Genaro fundó ese espacio de búsqueda cuando su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz fue secuestrado en 2013, y por quien la familia pagó un cuantioso rescate, pero que nunca apareció.

"También hay esperanza porque ya existe una Comisión Nacional Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Veracruz tiene presupuesto por primera vez, más de 90 millones de pesos (4,7 millones de dólares), que no es suficiente, pero nunca les habían dado presupuesto, falta muchísimo por hacer", dice para fundar su optimismo.

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El Solecito es una de los más de 160 organismos de búsqueda de desaparecidos que se reunieron este viernes con el titular de Derechos Humanos de la cartera federal de Gobernación, Alejandro Encinas, una de las figuras más respetadas en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A Encinas le pedimos que cuanto antes implemente el Mecanismo de Identificación Forense", dice la madre sobre el encuentro.

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El funcionario federal viajó a Jalapa, capital de Veracruz en la zona cafetera, donde consideró que la fiscalía local "debe reconciliarse con la familias que tienen derecho a conocer la verdad y que se haga justicia".

La madre y organizadora dijo que el debut de la Guardia Nacional en Minatitlán una semana después de una masacre de 13 personas en una fiesta "es un buen intento para contener la violencia".

La madre que descubrió el cementerio clandestino más grande del país, con 280 cráneos en los suburbios del puerto industrial de Veracruz, fue la primera mexicana becada en La Haya al programa Shelter City para defensores de derechos humanos.

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Por su parte, Lenit Enriquez Orozco, fundadora del Colectivo Madres en Búsqueda del puerto de Coatzacoalcos, quien junto con su madre busca a su hermano Jhonit, desaparecido desde mayo de 2015, dijo a Sputnik que "a la reunión asistimos 167 colectivos de madres y familiares de desaparecidos, del estado de Veracruz, para exponer la crisis humanitaria que existe y hemos padecido".

"Con Alejandro Encinas en el estado de Veracruz, creemos que hay una interlocución muy cercana para trabajar en un programa de atención a la crisis humanitaria, que propone la formación de policías especializados", dijo Enriquez Orozco.

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Como una amarga paradoja, las esperanzas han renacido también desde el hallazgo de una nueva fosa en el municipio veracruzano Úrsulo Galván, unos 40 kilómetros al norte del puerto más antiguo del país, el pasado 24 de abril.

"Ese hallazgo es resultado de la detención de una persona, que confesó el lugar donde enterraban a sus víctimas", reconoció la activista social.

La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, dijo este viernes que "son 50 fosas clandestinas las que ya han sido localizadas en ese predio".

Sobre la Guardia Nacional "solo le pedimos al presidente que sea transparente su actuación y que opere muy de la mano de las familias de los desaparecidos", suplicó.

Pugna de poder sobre el dolor

En Veracruz hay una pugna por el poder entre el exgobernador Miguel Ángel Yunes (2016-2018), que "no se quiere retirar" según los colectivos, tras impulsar el nombramiento de su colaborador Jorge Winckler, fiscal general veracruzano, con mandato de nuevo años, y el actual funcionario.

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Con ese fiscal ajeno tiene que lidiar el nuevo gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, correligionario del presidente López Obrador, y rival del exgobernador.

"Veracruz es el único estado donde un gobernador ha mostrado interés explícito en atacar el problema de los desaparecidos", dijo a Sputnik Alberto Olvera, miembro del consejo directivo del Centro de Análisis Fundar y académico del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, especializado en acceso a la justicia.

El primer acto del Gobernador fue declarar una emergencia humanitaria, y "ha sido el único del país en ofrecer a los ciudadanos un programa específico para atender integralmente el problema de los desaparecidos", dijo el experto.

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El académico expresó que "lamentablemente, el día en que el Gobernador presentó su programa sobre desaparecidos, llegó el presidente pero no ofreció apoyo, lo ignoró y se dedicó a promover su política de reparto de subsidios sociales".

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El presidente no comparte como prioridad la agenda de los desaparecidos, asegura Olvera.

Cinco meses después de tomar posesión el presidente y el gobernador, "no se han podido instrumentar bien las instituciones, ni financiar los programas para atender a las familias de desparecidos", sin capacidad técnica ni administrativa para encarar el complejo problema.

El experto estima que los homicidios se dispararon a 800 los últimos cinco meses, y que no está claro cuántas nuevas desapariciones han ocurrido.

"No se trata de una política hacia el pasado, ni de resolver un problema que ya sucedió, sino que en este momento continúa sucediendo", alertó el experto.

Tampoco considera que la Guardia Nacional exista realmente, porque siguen siendo los mismos militares y marinos ya desplegados en los territorios.

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Olvera describe que "es un golpe de efecto mediático, se cambiaron uniformes diciendo que comienza a operar, cuando, legalmente no pueden hacerlo, porque el Congreso no ha emitido la leyes de uso de la fuerza, ni se ha abierto el registro nacional de detenciones".

Ese cuadro crítico lo completa una estrategia federal "que está haciendo más de lo mismo", puntualizó. 

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