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Espionaje en Argentina: el rol de los servicios, en el ojo del huracán

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Miembros del oficialismo y la oposición proponen eliminar o reformar por completo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) luego de que se volvieran públicas las evidencias de vigilancia a funcionarios públicos y su involucramiento ilegal en investigaciones judiciales.

Un complejo escándalo de escuchas ilegales que salpica al periodismo, la Justicia, los servicios de inteligencia y la clase política de Argentina estalló hace varias semanas y, lejos de disiparse en la turbulenta actualidad económica del país, no para de crecer, como una bola de nieve. Que, al parecer, seguirá aumentando su volumen.

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Todo empezó con la detención del falso abogado e informante Marcelo D'Alessio, acusado de extorsionar a un empresario agropecuario en nombre del fiscal Carlos Stornelli. Este agente judicial, a su vez, es quien lleva a cabo la principal causa por los presuntos sobornos millonarios cobrados al empresariado por funcionarios de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), a cambio de la adjudicación de obra pública.

A partir de entonces, se destapó una caja de Pandora. Alejo Ramos Padilla, un juez federal, reveló que sus investigaciones apuntaban a una supuesta red de espionaje en la que están involucrados expolicías. Los agentes habrían actuado en nombre de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sus declaraciones se hicieron públicas y causaron gran revuelo político.

Miembros del oficialismo y la oposición demandaron al presidente Mauricio Macri desarticular o reformar los organismos que deberían estar dedicados a la detección de amenazas contra la seguridad del Estado y no involucrados en investigaciones judiciales ilegales, ni en el armado de "carpetazos" —causas judiciales armadas con el fin de perjudicar a un adversario político—.

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En todo el arco político, hay quienes consideran que la AFI debe ser eliminada. Entre ellos, los precandidatos Juan Manuel Urtubey —peronista no kirchnerista— así como Agustín Rossi y Felipe Solá —peronistas cercanos a Cristina Fernández de Kirchner—. Daniel Scioli, precandidato hoy cercano a la expresidenta, opinó que se debe mantener, pero hace falta una reforma. En la misma línea se posicionaron dos precandidatos peronistas lejanos al kirchnerismo: Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa.

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Dos de las mujeres más cercanas al presidente también demostraron su descontento con la agencia. Según se desprende de la investigación a D'Alessio, la diputada nacional Elisa Carrió habría sido implicada en esta trama y pidió la eliminación del organismo. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires —el distrito más poblado del país—, también habría sido espiada y sus críticas trascendieron sin que fuera mediática su descarga.

En este contexto enrevesado y turbio, Macri aseguró que no habrá cambios en la AFI en lo que queda de su mandato, que termina en diciembre, con la posibilidad de reelección. Pero la polémica respecto del rol de los servicios secretos en el país no nació con la última lluvia.

"Los organismos de inteligencia en Argentina padecen de una problemática que se ha presentado en muy diversas oportunidades —podríamos decir que desde su nacimiento— que es el empleo de esta actividad no sólo en cuestiones relativas a la seguridad del Estado sino también en cuestiones que hacen a la política coyuntural", dijo a Sputnik José Manuel Ugarte, doctor en Derecho y experto en legislación de seguridad e inteligencia.

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"Si bien es cierto que los sucesivos gobiernos lo desmienten sistemáticamente, es realmente abrumadora la cantidad de denuncias de políticos de diversos sectores —inclusive del propio Gobierno y de periodistas especializados o no— que ponen de manifiesto hechos de esta índole. No parece razonable concluir que toda esta multiplicidad de denuncias y manifestaciones, a las que ahora se suman declaraciones en causas judiciales, constituyan suposiciones o inventos", dijo.

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Ugarte argumentó que la desaparición de la actividad de inteligencia no constituye una solución ya que se trata de una aparato imprescindible para un Estado moderno, pero sí consideró necesaria una profunda reforma o su reemplazo, como sucedió en Colombia.

En ese país ocurrió la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), caracterizado por sus transgresiones a la ley. Fue sustituido por un organismo nuevo, la Dirección Nacional de Inteligencia, con controles que incluyeron un órgano de inspección, dotándolo en mayor parte de nuevo personal y dando empleo en otras áreas del Estado al personal del antiguo organismo.

Cabe recordar que la AFI fue creada en 2015 en el último año de la mandato de Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar la Secretaría de Inteligencia (más conocida por sus siglas anteriores, SIDE: Secretaría de Inteligencia Del Estado).

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En aquel momento, la expresidenta desplazó a la cúpula del organismo y se enfrentó al exdirector de Contrainteligencia Antonio 'Jaime' Stiuso. El poder real de estos organismos, que se teje en la oscuridad y el anonimato, y denunciados a lo largo de los años por sus vínculos con la política y el aparato judicial, están hoy nuevamente en escrutinio público.

"Un problema de particular importancia en Argentina es el admitir el empleo de los organismos de inteligencia como investigadores en causas judiciales", explicó el experto.

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"Si bien en el caso de contraterrorismo y delitos contra el orden público y constitucional es justificable, es preciso tener presente que un organismo de inteligencia tiene por función detectar amenazas contra la seguridad del Estado; su personal tiene identidad secreta, sus fuentes, métodos y operaciones son secretos, y por ello no constituye un auxiliar de la justicia equiparable a la policía", agregó.

Con la asunción del Gobierno de Cambiemos —el frente al mando del país desde diciembre de 2015, tras su victoria frente al kirchnerismo las elecciones—, el presidente Macri nombró a su amigo personal Gustavo Arribas como director general de la AFI.

También modificó su estatuto para que disponga de fondos reservados, no accesibles al público, y eliminó la rendición de gastos, a la vez que determinó que la Dirección de Observaciones Judiciales, encargada de las escuchas telefónicas, estuviera en manos de la Corte Suprema de Justicia en lugar del Ministerio Público Fiscal.

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