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    Sistema judicial de Argentina es "muy permeable a los intereses particulares"

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    Ana Delicado Palacios
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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El Poder Judicial no escapa a la lógica de todo el Estado argentino de ser muy permeable a intereses particulares, dijo en entrevista exclusiva con Sputnik el fiscal federal Federico Delgado, que ha encabezado casos de alto perfil.

    "El Estado argentino en general es muy permeable a intereses particulares de todo tipo, y el Poder Judicial no escapa de esa lógica", sentenció Delgado.

    Se trata de intereses empresariales, político-partidarios, de amiguismo y que también atañen a los servicios de inteligencia.

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    Por eso en la justicia se observa "un proceso de degradación institucional que cada día crece", añadió el fiscal.

    Acusaciones

    Delgado trabaja en la esfera penal, uno de los fueros más sensibles del sistema judicial argentino.

    El fiscal comenzó a ser objeto de persecución a través de la apertura de dos expedientes falsos en su contra luego de que publicara en mayo el libro "Injusticia" sobre el funcionamiento del sistema judicial en este país sudamericano, relató.

    El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo citó como indagado en una causa por revelar presunta información sensible en la investigación de la muerte de cinco jóvenes durante una fiesta electrónica celebrada en 2016, Time Warp.

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    "Martínez de Giorgi me acusa de violar un secreto de sumario que no estaba vigente el día que dice que lo violé", se defendió el fiscal.

    Otro juez, Claudio Bonadio, denunció a Delgado y al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a raíz de un caso contra el actual director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por la presunta recepción de sobornos de 850.000 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

    Bonadio acusó a Delgado por indagar sin tomarle juramento a un arrepentido brasileño, Leonardo Meirelles, quien aseguró haber realizado las transferencias de dinero a Arribas, un hombre cercano al presidente Mauricio Macri.

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    El Código Procesal Penal argentino prevé dos alternativas para interrogatorios, una bajo juramento, recordó el fiscal.

    "Cuando la persona que va a declarar tiene riesgo de contar su participación en delitos, como Meirelles, el Código Procesal en su artículo 249 prevé que declare sin prestar juramento", señaló.

    Al contrario, argumentó Delgado, hubiera incurrido en delito si procedía como quería Bonadío, "porque habría obligado a Meirelles a autoincriminarse bajo el juramento de decir la verdad, lo que no se puede hacer".

    "Mi libro tiene la franqueza de un servidor público que trata de explicar desde su posición qué funciona mal, pero obviamente no ha caído bien y se ha mezclado con otras investigaciones que tenemos nosotros, de modo que el resultado son estas presiones", indicó.

    Delgado añadió que nunca imaginó "que se iba a llegar a este extremo en el que jueces inventan causas para hacer investigaciones falsas".

    "Unos sufrimos la intervención de los servicios de inteligencia y otros las disfrutan", sostuvo.

    Presiones a medida

    Del mismo modo que algunas coacciones "se pueden llevar a cabo, como en mi caso, inventando causas judiciales", en otras situaciones se toman en cuenta posibles favores personales, como los méritos de carrera que pueden favorecerse con un ascenso en un determinado concurso, o bien se recurre a extorsiones, comentó Delgado.

    A lo largo de la historia argentina, "cuando un Gobierno está en el poder, el Poder Judicial es simpático o tolerante, y cuando sus representantes lo dejan, el Poder Judicial se vuelve mucho más cruel y feroz", explicó Delgado.

    En el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), procesada en seis causas judiciales, "todavía hay demasiadas quejas y gritos y no ha habido juicio propiamente dicho para poder comprobar si hay una persecución o no en su contra", dijo Delgado.

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    Problema regional

    El fiscal observa una sensación en la opinión pública argentina "de hartazgo con respecto a la corrupción", en un contexto de descrédito general que afecta a las dirigencias política y judicial.

    "Hay una ola continental en toda América Latina que ha puesto al corrupción en la cima de la agenda pública, principalmente tras los escándalos de Odebrecht", reflexionó Delgado.

    En Argentina, además, es "un secreto a voces que durante el Gobierno anterior hubo corrupción, y una vez se movieron los expedientes, las causas adquirieron cierta autonomía", comentó.

    Ningún cambio sustancial se ha producido en la justicia ni con el Gobierno anterior ni con el actual de Mauricio Macri, opinó el fiscal.

    "La justicia debe ser un poder moderador de los ímpetus del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y debe estar afuera de esas relaciones que suelen ser tormentosas entre el presidente y el parlamento", consideró.

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    Pero en Argentina "la justicia participa del juego que debería controlar y eso hace que algunos jueces sean más políticos que judiciales", alegó.

    "El problema es que la ley no se aplica de manera uniforme y, para colmo de males, su aplicación está hecha fuera de todo contenido moral, casi como un arma", lamentó.

    Otra distorsión se abre paso cuando por una errónea interpretación de la ley su ejercicio se delega en particulares, lo que colisiona con la lógica del Estado-nación, advirtió el fiscal.

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    "Es una deformación que los querellantes puedan impulsar investigaciones, lo que ocasiona que la acción penal pública aparezca privatizada pese a que es responsabilidad del Estado", describió.

    Para revestir a la justicia de la dignidad que ha perdido ante los ojos de la opinión pública, Delgado propone incidir en la capacitación de los funcionarios, mejorar los procesos de designación de magistrados y establecer sistemas de premios y castigos "para que haya incentivos que direccionen la voluntad de los magistrados hacia la Constitución y no hacia otros intereses".

    Una reforma legislativa del Código de Procedimiento vigente, que todavía no ha comenzado a aplicarse en Argentina, propone que las investigaciones queden en manos de los fiscales y que los jueces se limiten a supervisar su trabajo, en sintonía con lo que comienza a implementarse en otros países de la región.

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