"Ramos Padilla pide a Comodoro Py [tribunales federales de Buenos Aires] todas las declaraciones del Leonardo Fariña", adelantaron fuentes judiciales a Sputnik.
Ramos Padilla requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 de Buenos Aires, cuyo responsable es el juez Sebastián Casanello, "que remita copias de todas sus declaraciones, informe la/s fecha/s en la/s que prestó declaración indagatoria, informe la representación y/o asistencia letrada que tuvo en cada oportunidad".
Durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, a mediados de marzo, el juez deslizó la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad del actual Gobierno estuviera pagando 200.000 pesos mensuales a Fariña, que figura como arrepentido en el caso, para orientar su declaración.
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Además de confirmar sus sospechas sobre las coimas que pagaría el Ministerio de Seguridad, Ramos Padilla también sostuvo que no confía en el sistema de protección de testigos e imputados del Gobierno de Mauricio Macri.
Según declaró Ramos Padilla ante la comisión del Congreso, oficialmente la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos negaron cualquier relación con D'Alessio, pero esto no está tan claro, de acuerdo a su testimonio.
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Por eso mismo el juez no recurrió al programa de Protección de Testigos del Ministerio de Seguridad porque habría sospechas de que por allí se canalizarían los pagos a Fariña.
El fiscal, que también fue imputado en la causa por supuestamente formar parte del entramado, impulsa un caso en el que está procesada la expresidenta Fernández de Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita que mantenía una red de sobornos entre el Estado y empresarios que después recibían concesiones de obra pública.
Como no se presentó a declarar ante Ramos Padilla pese a que el juez lo citó hasta en cuatro ocasiones, Stornelli fue declarado en rebeldía.