Blackstone administra el alquiler de viviendas en todo el mundo, la mayoría de las veces a través de subsidiarias o fundaciones, y es considerado uno de los principales actores de la industria, escribe The Guardian. En los últimos años, la compañía y aquellas relacionadas con ella han adquirido cientos de miles de edificios residenciales en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina.
Las consecuencias fueron devastadoras no solo para el ciudadano de a pie, sino también para mercados enteros: la asequibilidad de la vivienda ha disminuido considerablemente en algunas regiones y se ha vuelto más difícil para las personas con ingresos medios y bajos encontrar una vivienda adecuada.
En EEUU, Blackstone compraba voluntariamente cualquier inmueble con un gran descuento: en áreas desfavorables, en mal estado, mientras que las autoridades locales ayudaban al banco estadounidense esperando que ayudara a restaurar la economía regional, especialmente durante la crisis financiera e inmediatamente después. Sin embargo, en busca de ganancias, Blackstone elevó considerablemente las tarifas de alquiler, en algunos casos en un 30% o incluso en un 50%. Uno de los socios de Blackstone permitió el desalojo de hasta un tercio de sus inquilinos.
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En un intento por proteger a los inquilinos, Farha y Deva se dirigieron a los Gobiernos de la República Checa, Dinamarca, Irlanda, España, Suecia y Estados Unidos, acusando a Blackstone y otras empresas de la industria de prácticas abusivas.
"Recordamos a todos los Estados que, a diferencia del oro, que es una mercancía, la vivienda es un derecho de toda persona", señala el informe.
En una carta de respuesta, Blackstone proporcionó información que ocupa una parte muy pequeña en el mercado de viviendas de alquiler en Estados Unidos: solo el 0,5% de casi 16 millones de hogares unifamiliares. Además, la compañía destacó que el grado de satisfacción de sus clientes y los indicadores de la duración del alquiler están por encima del promedio de la industria.
Farha es relatora de la ONU sobre vivienda desde 2014. Su prioridad es luchar contra la búsqueda de ganancias financieras en el mercado de la vivienda. Está vinculando la popularización de los bienes raíces como un activo del mercado a la disminución de la asequibilidad de la vivienda y el creciente número de personas sin hogar.
