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Procesan a la expresidenta argentina Fernández por tenencia ilegal de documentos históricos

© AP Photo / Victor R. CaivanoArgentina's former President Cristina Fernandez speaks to the media outside federal court in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, July 6, 2016
Argentina's former President Cristina Fernandez speaks to the media outside federal court in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, July 6, 2016 - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez argentino Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por la supuesta tenencia ilegal de documentos históricos hallados durante unos allanamientos en su casa de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz (sur).

Bonadío "procesó a Fernández de Kirchner por la tenencia ilegal de documentos históricos", informaron este 11 de marzo fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

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El magistrado acusó a la exmandataria y actual senadora del delito de encubrimiento y la embargó por 100.000 pesos (unos 2.380 dólares).

El juez procesó a Fernández por tener en su posesión una carta del general José de San Martín, prócer de la independencia de Argentina, Chile y Perú, dirigida al chileno Bernardo O'Higgins con fecha del 26 de diciembre de 1835.

La exmandataria también tenía en su poder un prontuario de Hipólito Yrigoyen, quien fuera dos veces presidente de Argentina (1916-1922 y 1928-1930); el documento tiene 122 fojas y una reseña de sus actividades desde el año 1906 a 1910.

Aunque Bonadío evitó acusar a la exmandataria de hurto, sí afirmó que Fernández, en relación a los documentos, "debía ser consciente de su procedencia ilícita".

"Alguien no identificado sustrajo dichos elementos y la encausada los receptó, manteniéndolos en su poder hasta ser habidos por la policía", afirmó el juez en su resolución.

La tenencia irregular de los documentos es motivo suficiente para procesar a la expresidenta, señaló Bonadío al advertir que su tenencia debió haber sido informada a los Archivos de la Nación.

Hurto de documentos

El juez se refirió al prontuario de Yrigoyen como un "legajo de museo" que debió haberse conservado en la Policía Federal Argentina, como todos los de su época.

Sobre la misiva, el magistrado afirmó que fue hurtada en Chile en 1981 de un lote completo de correspondencia entre San Martín y O´Higgins, de acuerdo al testimonio de historiadores.

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"Siendo así, no es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, exdiputada, senadora nacional y expresidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica, que como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o (la) República de Chile", advirtió el juez.

Cuando pidió investigar ambos documentos, Bonadío señaló que la carta "constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época".

En su defensa, la expresidenta desestimó la acusación de juez por considerarla "absolutamente falsa".

A esto "se suma que el hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente", afirmó Fernández en su descargo.

Este nuevo procesamiento contra la expresidenta fue dictado en el contexto de una causa derivada del caso "de los cuadernos" que investiga la supuesta existencia de una red de sobornos entre el Estado y las principales empresas concesionarias del país durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.

En el marco de esta causa, el juez Bonadío ordenó allanar la vivienda de la exjefa de Estado, instancia en la que fueron hallados los documentos.

Más aquí: Si Cristina va presa, "el pueblo saldrá a la calle"

Fernández de Kirchner, que no ha anunciado si se presentará a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre, tiene dos juicios por delante este año.

El próximo 21 de mayo la exmandataria será juzgada por la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su Gobierno, bajo la sospecha de que se cometieron irregularidades.

Otro debate oral, que todavía no tiene fecha, indagará el supuesto lavado de activos en la sociedad hotelera Hotesur.

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