"Desde hoy y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus connacionales la presentación del pasado judicial apostillado", dijo Sonnenholzner en cadena nacional de radio y televisión.
La medida, que había anticipado el presidente Lenín Moreno el 20 de enero, se dio luego de que el 19 de enero en Ibarra, provincia de Imbabura (norte), una joven ecuatoriana de 22 años, con cuatro meses de embarazo, fue asesinada a puñaladas por un ciudadano venezolano que fue su pareja y del cual se encontraba distanciada.
No te lo pierdas: Arreaza acusa a Lenín Moreno de "persecución fascista" contra venezolanos en Ecuador
El crimen ocurrió ante la mirada de policías que, durante los 90 minutos que la joven fue tomada como rehén en la calle, no supieron cómo actuar para salvarle la vida.
"Hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de [Nicolás] Maduro y otros que aprovechan de esta situación para delinquir", enfatizó el vicepresidente ecuatoriano.
También anunció sanciones para quienes se aprovechen de la difícil situación de los migrantes, que llegan a ser víctimas de empleadores inescrupulosos.
El vicepresidente hizo un llamado a enfrentar los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio.
"Preservemos los valores de paz, honestidad y trabajo que siempre hemos tenido", enfatizó Sonnenholzner.
El segundo mandatario también pidió a los ecuatorianos recordar que Ecuador es un pueblo migrante.
"Todos nosotros tenemos la historia de un migrante en la familia, alguien que llegó hace generaciones o que partió para buscar oportunidades. Solo les pido actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros", enfatizó el vicepresidente.
Desde la noche del 20 de enero a través de redes sociales se difundieron videos de un grupo de personas que en Ibarra comenzaron a visitar hostales donde se alojaban extranjeros para pedir su salida de la ciudad, en un caso se vio a los protestantes sacar las pertenencias de los extranjeros y quemarlas en las calles.
La ministra del Interior, María Paula Romo, hizo este 21 de enero un llamado a la paz y a controlar los problemas en derecho.
Las reacciones contra los migrantes venezolanos se profundizaron el 20 de enero luego de que el presidente Moreno anunciara a través de su cuenta de la red social Twitter que dispuso la conformación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera, y que analiza la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país.
#TodosSomosDiana pic.twitter.com/BE4RuduxT2
— Lenín Moreno (@Lenin) January 20, 2019
Las declaraciones de Moreno fueron duramente criticadas por juristas locales y grupos de defensores de derechos humanos y activistas a través de redes sociales.
La tensión que se vive en Ibarra ha obligado a varios venezolanos a abandonar la ciudad, muchos sin rumbo conocido.
