"El pedido formal al Consejo de la Judicatura es que se inicien las investigaciones a los 495 jueces y fiscales", dijo el presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más, Paúl Jácome, en conferencia de prensa.
Jácome dijo que la Mesa receptó 1.400 casos, de los cuales 300 reunieron los requisitos establecidos y luego de realizar una depuración quedaron 247 incidentes que corresponderían a persecución política.
Del total de casos, 51 corresponde a mujeres y 196 a hombres.
"Hubo una configuración de un estado autoritario en el país y se generó (…) un patrón de persecución sistemático desde el Estado que planteaba impedir cualquier tipo de organización (…) Se trataba de configurar un estado para la impunidad (…) existía exagerada utilización de delitos penales para criminalizar, silenciar y disciplinar a la sociedad", enfatizó Jácome al presentar un avance del informe realizado por la Mesa.
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Según Jácome, para ello se utilizó no solo a la fuerza pública, sino a la función judicial, apoyados con el aparataje de comunicación del Estado.
Dijo que habrá la necesaria oportunidad de descargo y debido proceso para los jueces que han sido señalados.
Jácome pidió también que se desclasifiquen los documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) que tienen que ver con la persecución política durante el Gobierno de Correa, y que se reforme el Código Integral Penal (Coip) para despenalizar el delito de opinión, así como retirar la temporalidad de la Ley de Víctimas para que éstas puedan exigir reparaciones.
Durante la rueda de prensa se presentaron testimonios de dos personas, una de ellas Hernán Echeverría, ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional.
"Tardíamente me di cuenta que estuve obstaculizando negocios de una organización delictiva, y desde entonces sufrí 10 años de persecución contra toda mi familia (…) persecución laboral y despidos intempestivos, maquinaria para dejar a nuestros hijos sin educación y salud pública, entre otras irregularidades (…) la persecución criminal terminó con la vida de una niña inocente, mi hija", dijo.
El informe completo será presentado a finales de enero y se entregará al presidente Lenín Moreno, a las principales autoridades del país, a las víctimas o familiares de las víctimas, a los jueces señalados y organizaciones sociales.
A nivel internacional se prevé entregar el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Parlamento Europeo.
