La ONG recordó que al levantar en noviembre de 2017 el estado de emergencia en Francia, las autoridades aprobaron una ley que hace permanentes varias medidas antiterroristas que antes se consideraban excepcionales.
"Las órdenes de control, al sortear el sistema de justicia penal ordinario y sus principios, imponen graves restricciones a los derechos de las personas", dice el comunicado.
Además, de acuerdo con la información de la ONG, la nueva normativa se impone de manera discriminatoria, por lo que sufre, en la mayoría de los casos, la comunidad musulmana.
"Las medidas de control permiten que el Ministerio del Interior imponga toda una serie de restricciones, como prohibir a una persona salir de determinada localidad, exigirle presentarse ante la policía todos los días y prohibirle contactar con ciertas personas", apunta.
Además: Francia: la guerra que viene
Subraya que esas medidas hacen posible "castigar injustamente a personas sin cargos ni juicio, lo que ha dejado a decenas de personas en un limbo legal".
En opinión de Rym Khadhraoui, una investigadora de la Amnistía Internacional para Europa Occidental, citada en el texto, con la introducción de la nueva normativa antiterrorista "se han normalizado unas medidas extraordinarias, las pruebas han sido sustituidas por información secreta y se persigue a las personas en lugar de enjuiciarlas".
"Es vital proteger a la ciudadanía de ataques violentos, pero eludir el sistema de justicia penal para perseguir a personas basándose en la suposición de que podrían cometer delitos en el futuro es absurdo e injusto, hay que desechar estas órdenes de control", destacó.
Durante dos años del estado de emergencia, las fuerzas francesas previnieron 32 ataques terroristas.
El pasado 13 de noviembre el ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, comunicó que desde principios de este año los servicios de seguridad frustraron seis atentados.
