"El Tribunal General recuerda que la importancia de los objetivos perseguidos por los actos impugnados puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, que dichos actos tengan para determinados agentes que no tienen ninguna responsabilidad respecto a la situación que condujo a la adopción de las sanciones. Por consiguiente, no puede considerarse que la injerencia en la libertad de empresa y el derecho de propiedad de las entidades de que se trata resulte desproporcionada", señala una declaración publicada en el sitio web del ente.
Estas sanciones incluyen limitaciones a determinadas operaciones financieras y a la exportación de determinados productos y tecnologías sensibles, restringen el acceso de determinadas entidades rusas al mercado de capital y prohíben que se presten servicios que son necesarios para determinadas operaciones petrolíferas.
Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, sostiene que no es parte del conflicto, no envía sus tropas a Donbás ni apoya a las milicias locales.
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