Las medidas fueron interpuestas ante la CIDH por parte de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que a través de un comunicado señaló que se tomó la medida para que "se obre en estricto cumplimiento al principio de legalidad e imperio de la ley", y que "quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales".
Ese mismo día Uribe anunció que renunciaba al Senado para que su defensa no interfiriera en las labores de esa corporación, pero una semana después retiró la misma y, en cambio, sus abogados interpusieron una recusación ante la CSJ al argumentar que los magistrados que siguen el caso tienen intereses personales para afectar al expresidente, por lo cual deben ser cambiados.
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Las medidas cautelares interpuestas ante la CIDH por la firma de abogados y que fueron anunciadas este 3 de agosto también pide "que se permita en condiciones de igualdad acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y [que] se garantice [a Uribe] el derecho a defenderse".
Por último, el bufete de abogados también solicitó que se adopten "las medidas necesarias para preservar el derecho a la defensa que le asiste a los apoderados, adoptando las medidas necesarias para asegurar que los abogados puedan desarrollar sus actividades como defensores".
Uribe deberá declarar ante la CSJ el próximo 3 de septiembre por el caso que se le sigue.
