"Vamos a emprender una denuncia penal por esa calumnia infame del senador Uribe de que hubo pago de un soborno a la Corte Suprema de Justicia", anunció Cepeda en una rueda de prensa en la capital colombiana.
El senador izquierdista informó asimismo que pedirá a instancias internacionales como las Naciones Unidas garantías de protección para los magistrados de la Sala de Casación Penal de la CSJ.
Figuras del entorno de Uribe acusaron el 30 de julio a los magistrados de perseguir intereses particulares en la investigación e incluso de haber recibido "dineros de las FARC [Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común]", el partido político creado por la disuelta guerrilla de la misma sigla.
El 24 de julio, la CSJ anunció la apertura de una investigación formal a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.
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El expresidente está acusado de buscar testigos falsos para que declararan en contra de Cepeda y lo relacionaran con actividades delictivas para afectar así su carrera política.
La renuncia de Uribe debía ser votada este 31 de julio en el Congreso, pero nunca llegó y tanto el expresidente como sus abogados eludieron responder sobre el tema a la prensa.
El 30 de julio el abogado de Uribe, Jaime Granados, anunció que instauró una recusación de los magistrados de la CSJ, a los que se busca retirar del caso por supuestos intereses personales contra el expresidente.
A raíz de este señalamiento, Cepeda anunció su denuncia penal.
La Corte Suprema también adelanta investigaciones a Uribe por su posible participación en la publicidad engañosa para el plebiscito por la paz, por presuntos vínculos con grupos paramilitares, presión a testigos, injuria y calumnia, y responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja (municipios de Antioquia), cometidas por grupos paramilitares en los años 90.
