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"A nuestros líderes sociales no les sirve la protección gubernamental de la Unidad Nacional colombiana"

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Entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron ejecutados más de 300 referentes de comunidades o colectivos sociales en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos anunció medidas para protegerlos y garantizar su seguridad. Sputnik conversó sobre las expectativas y desafíos de los anuncios con Karina Mancera, del movimiento Marcha Patriótica.

El miércoles 11 de julio Santos anunció la puesta en marcha de un plan de intervención y de recompensas orientado a garantizar la protección de los líderes sociales en el país como medida ante la reciente ola de asesinatos.

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Entre ellas se destaca el fortalecimiento de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP), para lo cual el ministerio de Defensa transferirá 50.000 millones de pesos (17,35 millones de dólares) que permitirán tener "más recursos para los estudios de riesgo colectivo" y "más presupuesto para ampliar esquemas individuales".

Sin embargo, Mancera considera que el "mayor obstáculo" para lograr la seguridad es que el Gobierno siga aumentando los rubros de Defensa y disminuyendo "el presupuesto en inclusión social y otros sectores que son estratégicos para atacar las causas estructurales de la violencia en los territorios".

"La UNP se ha centrado mucho en la protección material, [invierten en] chalecos, carros blindados, pistolas. A nosotros no nos sirve esa protección para nuestros líderes", aseguró. El problema está en que "no hay una coordinación real con la política de seguridad nacional", agregó la activista de derechos humanos.

En ese sentido, explicó que "la política de seguridad nacional criminaliza las economías en el territorio, realiza una persecución a nuestros líderes sociales, a los cultivadores, a los pequeños mineros, y pues están en una dinámica y una lógica de militarización y no de intervención social, económica y preventiva".

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En lo que va del año, la UNP recibió más de 28.000 solicitudes de actuación. La mayoría vino de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y la zona norte de Santander; sitios donde "históricamente ha habido ausencia" del Estado y "fuerte presencia" de grupos armados y la consecuente "disputa territorial", señaló.

A su vez, esas zonas se caracterizan por los "megaproyectos" (allí hay hidroeléctricas, explotación minera) y los cultivos de coca y marihuana. "Al no haber una presencia integral del Estado, lo que sucede es que la disputa por el control de economías ilícitas, mal llamadas de uso ilícito para nosotros, y de minería artesanal, hace que se conviertan en el punto de conflicto", explicó.

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Otra característica de la zona es que "hay una fuerte organización social y comunitaria", que es respetada por los insurgentes, "pero no es tratada de la misma manera por los paramilitares, e incluso por los grupos armados como el Ejército y la Policía", indicó Mancera.

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