Roque, citado por el diario digital Rappler, señaló que "nadie puede obligar a un Estado parte a consentir una investigación si no quiere hacerlo".
"Si van a enviar un relator especial, debe ser alguien creíble, una autoridad en el campo en el que buscan investigar, y debe ser objetivo e imparcial", añadió el portavoz de la Presidencia.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró una guerra sin cuartel contra las drogas desde que tomó posesión del cargo a finales de junio de 2016.
Según las estadísticas oficiales, más de 3.800 sospechosos de narcotráfico fueron abatidos en operaciones antidrogas desde el 1 de julio de 2016 hasta finales de agosto de 2017.
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La ONG internacional Human Rights Watch estima que la guerra contra las drogas en Filipinas causó más de 12.000 muertos, de los que unos 4.000 fueron eliminados en operaciones policiales y el resto, a manos de hombres armados no identificados.