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Presidenta CPC: Peña Nieto responsable si fracasa Sistema Anticorrupción

© REUTERS / Edgard GarridoEnrique Peña Nieto, presidente de México (archivo)
Enrique Peña Nieto, presidente de México (archivo) - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su partido cargarían con la responsabilidad de un fracaso de la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió Mariclaire Acosta, nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana de esa instancia del Estado mexicano, en entrevista con Sputnik.

Un día después de asumir el cargo, en un acto en el que denunció que están acéfalas las fiscalías, auditorías y tribunales federales y provinciales anticorrupción, Acosta estimó probable que el nombramiento de todos los cargos del Sistema se demoren hasta después de los comicios presidenciales y legislativos de julio próximo, si lo impide el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante).

"Es una probabilidad que se paralice el proceso hasta después de las elecciones, aunque el senador Emilio Gamboa [jefe de la bancada oficialista] dijo que se resolvería en este periodo", confió.

Consultada sobre quién cargará con la responsabilidad si fracasa la esperada construcción del SNA, vigente desde 2016, expresó que "si no se llega a un acuerdo, inevitablemente la responsabilidad será del actual Gobierno" de Peña Nieto.

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"Desgraciadamente, ellos tienen la mayoría en el Congreso, aunque para algunas decisiones se requiera mayoría calificada [tres cuartas partes del cuerpo legislativo]", señaló la nueva responsable.

La experimentada pionera y defensora de los derechos humanos en organismos internacionales y exvicecanciller, dijo en su discurso de toma de posesión que "lamentablemente, algunas piezas fundamentales del sistema están ausentes".

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Acosta deploró llegar al cargo cuando aún falta nombrar al fiscal anticorrupción, a dieciocho magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y a un nuevo auditor superior de la Federación.

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La designación del fiscal anticorrupción, dijo a esta agencia, "fue trabada en el Senado, sobre todo porque coincidió con el nombramiento del titular de la nueva fiscalía general", que remplazará a la actual Procuraduría General de la República.

Ese proceso "se enredó" con un amargo debate en el Congreso, acerca de una nueva reforma constitucional, propuesta por la oposición y organismos de la sociedad civil para establecer una fiscalía "autónoma e independiente".

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Parte de esa reforma consistiría en eliminar la conversión automática del actual procurador en nuevo fiscal general, para los próximos nueve años, considerado un posible "pacto de impunidad" con el presidente.

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El 16 de octubre pasado, Raúl Cervantes renunció al cargo de procurador federal, quien fue elegido por seis años al Senado en 2012, considerado amigo del presidente Peña Nieto (2012-2018).

En su carta de dimisión, Cervantes dijo que renunciaba para no perturbar los debates en el Congreso sobre las instituciones de justicia.

"Allí se detuvo el proceso, aunque hubo comparecencias en el Senado", para elegir fiscales general y anticorrupción, explicó Acosta

La más grande barrera

La nueva titular de la instancia ciudadana del sistema estatal estima que "el tema del fiscal anticorrupción tiene un obstáculo más grande: la creación de una fiscalía general autónoma y profesional".

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Su explicación es que "no tiene mucho sentido nombrar un fiscal anticorrupción en una procuraduría que dejará de existir en un año".

En cuanto a los magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, que debería nombrar el Senado, la oficina del presidente Peña Nieto envió una lista de candidatos.

"Solicitamos que nos aclararan los criterios de idoneidad de los candidatos a 18 magistraturas; pero no nos han respondido", lamentó.

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Ocurre algo parecido en el estancamiento para nombrar nuevo auditor superior de la Federación, pero es un cargo vital en el sistema, advirtió.

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En ese caso, el freno está en la Cámara de Diputados, donde los candidatos fueron rechazados por las bancadas de los partidos políticos, y fue necesario volver a configurar una terna, para elegir al nuevo auditor.

Acosta señaló que "ese nombramiento es más urgente, la ausencia del auditor federal es clave, porque fiscaliza el ejercicio del gasto público".

Entre los caso de corrupción más urgentes, señaló el escándalo de 10,5 millones de dólares pagados por la brasileña Odebrecht en México, como parte de los 788 millones de dólares de coimas repartidas en América Latina y África.

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Al menos cuatro millones habrían sido pagados por la constructora al extitular de Pemex, Emilio Lozoya (2012-2016), acordados mientras integró el equipo de campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, según confesiones de los gerentes de la empresa a la justicia de Brasil, entregadas a México.

"El Comité Ciudadano presentó un exhorto para que la que procuraduría informara sobre los avances del caso Odebrecht, pero no han informado nada que yo sepa, sería un paso muy importante", puntualizó.

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Mariclaire recordó las raíces de la corrupción en la historia mexicana, con una famosa anécdota del presidente Álvaro Obregón (1920-1924) al perder la mano en la batalla de ciudad de Celaya, Guanajuato (1915): "dijo que su mano se iba a seguir moviendo solita para robar".

"Desde entonces se aceptaba que lo generales de la Revolución Mexicana eran corruptos", puntualizó.

La reforma constitucional del SNA fue aprobada en 2015, y promulgada por Peña Nieto en mayo de ese año; sus leyes fueron votadas en julio de 2016, pero desde entonces la fiscalía anticorrupción permanece acéfala. 

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