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ONG: un homicidio doloso cada 19 minutos con impunidad de 98% en México

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — En México se comete un homicidio doloso cada 19 minutos y la impunidad es de 98%, denunció la red "Seguridad sin guerra" que integran casi 300 organizaciones civiles y especialistas.

"En México muere una persona por homicidio doloso cada 19 minutos y la impunidad es de casi el 98%, mientras la clase política se empeña en alejarnos del orden constitucional", informó el colectivo en un comunicado.

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La red rechaza el intento por avanzar en el Senado con la aprobación de una Ley de Seguridad Interior.

El proyecto promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y es analizado en el Senado, pretende pasar "por encima de las advertencias y propuestas que han hecho sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales", afirman las organizaciones.

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La ley que autorizaría el despliegue de militares en tareas de seguridad pública "es un homenaje a una estrategia que ha dejado miles de muertos y familias destruidas", desde que las fuerzas armadas fueron lanzadas en 2006 a una guerra abierta contra el narcotráfico.

"Once años de guerra son demasiados", puntualiza el documento.

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Esa ley de Seguridad Interior "premia y valida la incompetencia de las instituciones civiles, y consolida la estrategia de seguridad lejana a las personas, a quienes se termina vulnerando en su vida y sus libertades", denuncio la red ciudadana.

Como parte de la campaña, casi 25.000 personas han enviado más de 2,9 millones de correos electrónicos a los senadores, pidiendo responsabilidad para no legalizar esa estrategia militar de seguridad pública.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos defensores de víctimas de abuso del uso de la fuerza en el país exigen al Estado que rechace el proyecto de ley.

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Peña Nieto y el oficialismo afirman que los militares son necesarios en tareas de seguridad pública, por la falta de capacidad de las fuerzas policiales para hacer frente al poder del crimen organizado.

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