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Tumaco, un nuevo hervidero para Colombia en medio de la lucha por erradicar la coca

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BOGOTÁ (Sputnik) — Cultivadores de coca en el municipio colombiano de Tumaco (suroeste) manifestaron a Sputnik su preocupación por posibles nuevos enfrentamientos con la policía en las próximas semanas a raíz de la decisión del Gobierno central de continuar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en la región.

"Hasta que la Policía Antinarcóticos no salga de la zona, la tensa situación va a continuar, y lo que nos preocupa es que el vicepresidente (Óscar Naranjo) dijo que las erradicaciones forzosas van a seguir en la zona", señaló a esta agencia la vocera de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), Alejandra Torres.

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El organismo, que representa a los cultivadores de coca de Tumaco, donde el pasado 5 de octubre seis de ellos murieron y otros 20 fueron heridos en un confuso hecho con la Policía Antinarcóticos, señaló que los campesinos han expresado al Gobierno su intención de acogerse al programa de sustitución voluntaria de cultivos, pero no han sido atendidos.

"Necesitamos que el programa de sustitución llegue a esta comunidad", subrayó Torres, quien agregó que de continuar las erradicaciones forzosas se generará una "revictimización de las comunidades", ya que la masacre de la semana pasada se dio "en el marco de unos incumplimientos por parte del Gobierno en lo relacionado con sustitución de cultivos ilícitos".

Cifra récord

Los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 18% entre 2015 y 2016 y registraron una cifra récord, al pasar de 159.000 hectáreas sembradas a 188.000 ente un año y otro, según un reporte del Gobierno de Estados Unidos revelado a comienzos de 2017.

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Desde entonces el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, ejerce una fuerte presión sobre Colombia para que reduzca sus hectáreas de coca, a fin de que el país no sea descertificado y pierda los beneficios que mantiene por su lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto Tumaco, con más de 23.000 hectáreas sembradas, registra el 16% de todas las plantaciones de coca en Colombia, lo que combinado con el olvido en que le mantiene el Gobierno central y la proliferación de grupos armados que buscan hacerse con el liderazgo del narcotráfico han convertido la zona en un total hervidero.

A juicio del analista político Ildebrando Arévalo, "la presión internacional sumada al incumplimiento del Gobierno para implementar los acuerdos de paz en beneficio de los campesinos sólo ha dejado opción de la lucha armada por parte de la Fuerza Pública, lo cual nunca ha sido la solución para el desarrollo social, político y económico que el país requiere".

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En ese sentido, indicó a Sputnik, "la solución tiene que ser política y, fundamentalmente, de políticas de desarrollo", ya que de lo contrario una situación como la del 5 de octubre puede repetirse.

"Sorprendió, de hecho, que la masacre no hubiera ocurrido antes, ya que las cosas están dadas para que ocurriese desde hace ya un tiempo", sostuvo Arévalo.

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En efecto, según indicó Torres a esta agencia, desde marzo pasado cerca de 1.300 familias de la región mantienen una crisis humanitaria luego de que agentes del Estado erradicaron de manera forzosa sus cultivos, lo cual es su único modo de sustento.

Por entonces las comunidades lograron un acuerdo con el Gobierno central frente a suspender esos procedimientos, "pero al día siguiente de logrado el consenso volvieron a ingresar agentes a la zona y desde entonces la tensión se ha intensificado", dijo Torres.

Bajo amenaza 

De acuerdo con un informe publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Tumaco "enfrenta altísimos riesgos de seguridad para la población civil y la Fuerza Pública asociados a formación de nuevos grupos criminales y disputas entre los grupos de crimen organizado ya existentes por el control de los cultivos de uso ilícito, las rutas del narcotráfico y el resto de actividades criminales en esta zona".

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El centro de estudios, de hecho, ratificó la probabilidad de que se presenten nuevos enfrentamientos entre los campesinos y la policía —como indicó Cocccam a esta agencia— y agregó que "continúa elevándose el riesgo humanitario para estas poblaciones en materia de desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad".

Al respecto,Torres denunció que en la actualidad hay más de diez líderes cocaleros amenazados, mientras que otros dos permanecen desaparecidos y dos más fueron asesinados en meses recientes mientras buscaban organizarse y adoptar un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

"Hay grupos disidentes de la guerrilla de las FARC y hay diversas bandas de narcotraficantes, de paramilitares, como el Clan del Golfo y alrededor de diez grupos armados que están en disputa del territorio y que han amenazado a los líderes para que no entren al programa de sustitución", reveló.

Retos en el posconflicto 

La situación en Tumaco encarna en sí misma las dificultades que implica la fase del posconflicto tras la firma de la paz con la ya desaparecida guerrilla de las FARC, con la que el Gobierno acordó llevar a cabo una sustitución de cultivos de uso ilícito.

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Sin embargo, aunque el Ejecutivo ya ha firmado siete acuerdos colectivos y 1.908 acuerdos individuales de sustitución voluntaria en Tumaco (que abarcan cerca de 357 hectáreas de cultivos), las poblaciones de El Tandil y Llorente, cerca de la frontera con Ecuador y donde se registró la masacre la semana pasada, aún no tienen convenios de sustitución de cultivos.

La razón, explicó el alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, es que en esas poblaciones llegaron hace diez años personas provenientes de Caquetá (centro) y Putumayo (suroeste) para sembrar coca en propiedades ajenas, por lo que el Gobierno "no realizará un acuerdo de sustitución con quienes no tienen título de propiedad sobre la tierra".

Bajo ese escenario, consideró a su turno Arévalo, la masacre de cultivadores de coca hace una semana en Tumaco no será la primera ni la última que ocurra en esa región. 

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