El Tribunal "privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera, así como a los ciudadanos David Norberto Villamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas (…) por hallarse incursos en red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales", informó el TSJ a través de un comunicado.
El magistrado había exigido cuatro millones de dólares a un cliente presuntamente requerido por Interpol a cambio de no encarcelarlo y no activar la alerta roja internacional en contra de sus familiares.
"El abogado de la contraparte también estaría involucrado en el hecho, debido a que bajo coacción y amenazas, le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales, ocasionando así que más de cinco personas adscritas a diversos organismos (…) se hayan implicado", señaló el texto.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, informó sobre este caso y señaló que el grupo imputado usó su nombre y el de otros magistrados del tribunal para pedir dinero y ser favorecidos en decisiones judiciales.
Hace dos semanas el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, recibió una denuncia formulada por diputados de la Asamblea Nacional Constituyente en la cual se alertaba sobre la existencia de una red de corrupción en el Ministerio Público, presuntamente encabezada por el esposo de la exfiscal Luisa Ortega, Germán Ferrer, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Se presume que esta red cobraba en divisas por sobreseer o demorar casos de envergadura como los Papeles de Panamá, investigaciones de corrupción el sistema de control de moneda extranjera de Venezuela y los relacionados con la estatal brasileña Odebrecht y con Petróleos de Venezuela.