"Vengo a solicitar tenga a bien autorizar a esta Procuración a tomar vista de las actuaciones y extraer las fotocopias que pudieran resultar de utilidad", señala la presentación de Saravia Frías.
Dependiente del Gobierno, el procurador acudió a los tres juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires que llevan adelante estas pesquisas.
El artículo 131 del Código Procesal Penal, habilita a la "autoridad pública" a recibir documentación si se acredita un "legítimo interés" en obtenerla.
La cuestionada Oficina Anticorrupción (OA), dependiente de la jefatura de gabinete de ministros, ya se presentó como querellante en las causas judiciales que relacionan a la constructora brasileña con el entramado de corrupción derivado del caso Lava Jato, lo que le da acceso a todos los expedientes.
La mayor constructora de Brasil ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.
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A finales de 2016, Odebrecht se acogió al régimen de delación premiada y llegó a un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza por el que se comprometió a pagar una multa, que finalmente fue de 2.600 millones de dólares, a cambio de confesar los actos ilícitos que cometió a través de una red de sobornos, en los que se ven involucrados varios países de América Latina.