Esta estimación se basa en las últimas elecciones autonómicas, que requirió del servicio de entre 4.000 y 5.500 funcionarios, especialmente municipales, además de unos 7.000 mossos d"Esquadra (la policía catalana) y cerca de 2.000 policías locales.
La falta de acuerdo entre Cataluña y el Gobierno central harán aún más compleja la organización de la consulta, a lo que se sumará el hecho de que algunas ciudades catalanas están gobernadas por partidos que rechazan el referéndum.
La situación se volverá más compleja si el Tribunal Constitucional declara ilegal la consulta, como es previsible, por lo que muchos de los funcionarios podrían incurrir en un delito.
