De acuerdo con la información ofrecida por el tribunal, la delegada del Gobierno fue imputada junto a otras quince personas por una operación urbanística del año 2013 sobre terrenos de Mercamadrid, el mayor espacio comercial de alimentación de la capital española, dependiente del Gobierno municipal.
La Fiscalía presentó en abril una denuncia contra las personas ahora imputadas después de que el Ayuntamiento de Madrid, actualmente gobernado por una plataforma en la que participan Podemos e Izquierda Unida, le remitiera un informe en el que se denunciaban malversación de caudales públicos en la citada operación.
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En concreto, el informe señala que en 2013, cuando el Partido Popular de Dancausa y Rajoy gobernaba en Madrid, el Consistorio aprobó una extraña operación en la que se cedieron unos terrenos de Mercamadrid y, en lugar de cobrar por ello, el Ayuntamiento acabó pagando al beneficiario a razón de 41.500 euros mensuales hasta 2032.
