"ETA ha tenido tiempo suficiente para desarmarse; si no lo ha hecho hasta ahora ha sido porque pretendía conseguir algo a cambio y desde luego no lo ha conseguido por la firmeza de la política antiterrorista del Gobierno, que no ha contemplado ni condiciones ni transacciones", opinó el ministro.
"Ya pasó el tiempo en que ETA condicionaba nuestra vidas y la agenda política de este país", afirmó el ministro.
Este viernes, un portavoz de un movimiento ecologista situado en el entorno de ETA dijo al diario Le Monde que la organización confió sus operaciones de desarme a determinados colectivos de la sociedad civil, que preparan un operativo con el día 8 de abril como fecha límite.
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A pesar de que ETA anunció el fin de su actividad armada en 2011, el sellado de sus arsenales todavía no se efectuó, hecho que los distintos sectores del nacionalismo vasco achacan a la falta de voluntad por parte de los sucesivos Gobiernos del conservador Mariano Rajoy.
"El verdadero desarme es el que vienen realizando con notable éxito las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración leal con las autoridades francesas", valoró el ministro, restando importancia al anuncio.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, realizó una breve valoración sobre el asunto en la que observó que "ETA ha decidido desarmarse unilateralmente" y afirmó que la posición de su Gobierno "seguirá siendo exactamente la misma".
"A ETA sólo le queda disolverse, entregar las armas, arrepentirse, pedir perdón a las víctimas, pagar las deudas y someterse a la legislación vigente", apuntó Zoido en una muestra de cuál es la posición del Ejecutivo.
En su intervención, el ministro de Interior subrayó que, además de la entrega de armas, resulta "muy importante" el "desarme ideológico" y la "plena deslegitimación de los terroristas".
"Estamos trabajando día a día para que no se difumine que hubo víctimas y asesinos", resumió el ministro.
La organización, de aspiraciones independentistas, se enfrentó primero al régimen dictatorial del general Francisco Franco y, tras su muerte en 1975 y la posterior instauración de un sistema democrático en 1978, decidió seguir usando la violencia, lo que fue respondido desde algunos aparatos del Estado español con la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
En la década de los ochenta los GAL contribuyeron a un recrudecimiento de la violencia llevando a cabo asesinatos extrajudiciales y otras prácticas represivas contra miembros de la organización e incluso contra gente de su entorno.
