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Abogada: estado guatemalteco debe rendir cuentas sobre fondos para centros de menores

© REUTERS / Saul MartinezLa gente llora por sus familiares durante el incendio en Guatemala
La gente llora por sus familiares durante el incendio en Guatemala - Sputnik Mundo
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, encargada de los hogares que protegen a menores de edad, debería dar explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos que le fueron asignados, dijo a Sputnik la abogada Paula Barrios.

"Sabemos que la Secretaría tiene un presupuesto de unos 200 millones de quetzales al año (algo más de 27 millones de dólares) y hasta la fecha solo ha ejecutado el seis por ciento del presupuesto, una cantidad sumamente baja, y queremos saber dónde ha ido", señaló Barrios, coordinadora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo.

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Lo más probable, añadió, es que ese seis por ciento se haya destinado a pagar los honorarios del personal que trabaja en los centros estatales de protección a menores, lugares donde además "hay muchas plazas de asesoría", señaló la especialista.

"Es importante que se investigue la corrupción que se pudo haber dado en esta Secretaría", manifestó Barrios.

Un incendio que se desató el pasado miércoles en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y que hasta el momento ha provocado la muerte de 43 adolescentes, generó una ola de indignación y de denuncias sobre la situación de la minoridad desamparada en este país.

Barrios sugirió que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podría encargarse de indagar sobre el manejo de fondos y la ejecución presupuestaria, si bien no va a participar en la investigación del incendio.

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Instaurada por un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, la CICIG ha liderado en los últimos años el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia, así como la persecución de sus responsables.

El lunes, el presidente guatemalteco Jimmy Morales explicó sin embargo que la CICIG no participará en la investigación del incendio, pues en este caso "quien debe realizar las investigaciones es la Policía Nacional Civil", aunque también se solicitó ayuda al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de EEUU.

Ese mismo día fueron detenidos Carlos Antonio Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social, Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de la misma dirección, y Santos Torres Ramírez, quien se desempeñaba como director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

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Denuncia a Morales

Por otro lado, los diputados Sandra Morán Reyes y Leocadio Juracán presentaron el martes una denuncia penal contra Morales por la muerte de las menores en el incendio, informó Prensa Libre.

Morales "es el inmediato superior de las tres personas capturadas y ahí hubo omisión", señaló Morán Reyes en referencia a los exfuncionarios, en declaraciones publicadas por ese mismo diario.

La querella fue presentada en el Ministerio Público por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio rural de San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital, tuvo lugar el 8 de este mes cuando algunas niñas prendieron fuego a unas colchonetas y, al quedar atrapadas, murieron calcinadas.

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Hasta el momento la cifra de víctimas mortales se sitúa en 43, ya que en los últimos días murieron algunas de las niñas que estaban internadas en centros hospitalarios debido a las quemaduras sufridas en el incendio.

La mayoría de los niños son enviados a ese centro cuando la justicia constata que han sufrido situaciones de maltrato o de violencia, o cuando viven en la calle, aunque también comparten el lugar con algunos menores de edad que han cometido delitos.

Pero hace años que los propios adolescentes protestan por malos tratos y hacinamiento en ese centro estatal.

"Aún hay mucho que investigar, pues había denuncias previas al 8 de marzo por diferentes situaciones de delito, denuncias por violación sexual, por trata de personas", recordó Barrios.

Alrededor de 1.500 menores de edad son atendidos por la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala.

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