"Hubo denuncias de secuestros por razones políticas durante el año, atribuidos a funcionarios gubernamentales", dice el informe para añadir que "el Gobierno no hizo ningún intento de impedir o investigar tales actos y castigar a los responsables".
La Corte Penal de Teherán sentenció en febrero a Hashem Zeinali, padre de un estudiante desaparecido desde hace 17 años, a pasar 91 días en prisión y a recibir 74 latigazos por alteración del orden público debido a que tomó parte en una manifestación.
La esposa de Zeinali, Akram Naghabi, dijo que su esposo solo reclamaba respuestas sobre el paradero de su hijo y estaba mezclado entre los manifestantes.
El Departamento de Estado de EEUU también acusa al Gobierno de la república islámica de ejecuciones arbitrarias e ilegales, condiciones de detención que ponen en peligro la vida de los reclusos y ausencia de legislación para impedir las torturas.
