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ONU aún reclama las mismas reformas de hace dos décadas en Guatemala

© REUTERS / Jose CabezasBandera de Guatemala
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue reclamando en Guatemala las mismas reformas que defensores de derechos humanos pidieron hace 20 años, cuando se firmaron los acuerdos de paz, dijo a Sputnik la activista Helen Mack.

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El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, "hoy está proponiendo las mismas reformas que propusimos en los acuerdos de paz, y esto muestra que no ha sido muy efectivo", señaló Mack, quien visitó Montevideo para participar en una conferencia sobre cómo funcionaron los mecanismos de la ONU en las décadas de los 60, 70 y 80, en Chile, El Salvador y Guatemala.

La CICIG comenzó a funcionar en Guatemala en 2007 tras un acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.

Antes de que la CICIG fuera instaurada, el país centroamericano tuvo otras experiencias como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), establecida en 1997 y cuyo objetivo era verificar el acuerdo sobre el cese al fuego entre el Gobierno y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

"Habíamos tenido experiencia con otros expertos y misiones, pero había una debilidad, (pues) sus recomendaciones no eran vinculantes y no se les hacía caso, por lo que nuestra situación no había variado sustancialmente pese al acuerdo de paz", indicó Mack a esta agencia.

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El país no logró mayores avances, de ahí que después surgiera un "instrumento más específico" como la CICIG, añadió Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la paz y la democracia en Guatemala.

Quién está al frente

Mack explicó que cada comisionado ha tenido un papel diferente en la CICIG.

El primer comisionado fue el español Carlos Castresana, quien "puso las bases para que la CICIG pudiera funcionar".

"Se crearon condiciones y (se logró) dar instrumentos a la CICIG para su investigación, tales como la ley del crimen organizado, y se puso en cuestionamiento la independencia judicial", añadió Mack, mientras que "el segundo comisionado pasó más desapercibido".

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El trabajo desarrollado por el actual jefe de la misión, el colombiano Velásquez, ha tenido un impacto mayor, ya que "tenía experiencia en investigaciones de redes político-económicas ilícitas en la región" y ha conseguido encarcelar a varios miembros del anterior Gobierno por corrupción, continuó la activista.

Las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público (Fiscalía) lograron destapar el gran escándalo de corrupción conocido como La Línea, un esquema de ganancias ilícitas en los controles de aduanas que terminó con la renuncia y detención del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.

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Además, en junio de 2016, las pesquisas de la Fiscalía y la CICIG demostraron que La Línea y otros esquemas ilegales de Pérez Molina y Baldetti no eran actos aislados de corrupción, sino parte de una estructura mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas.

Por estos hechos, los dos exgobernantes se encuentran en prisión preventiva y han comparecido ante los tribunales.

"Todo un Gobierno en la cárcel; en Guatemala no nos íbamos a imaginar que se llegara a producir eso", añadió Mack.

En las últimas semanas, Velásquez sufrió una campaña de difamación para desacreditarlo, porque "hay gente que se opone (a su trabajo), pero es importante atravesar esta tormenta para que se puedan hacer los cambios estructurales que venimos exigiendo desde hace 20 años", insistió.

"Hay un ataque feroz por parte de ciertas estructuras (porque Velásquez) ha sido impecable en las investigaciones que ha llevado a cabo y no han encontrado nada a nivel personal para sacarle", explicó Mack.

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Al igual que en Guatemala hace dos décadas, Colombia se encuentra ahora en pleno proceso de pacificación, tras el acuerdo alcanzado en noviembre entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y según la activista también puede ocurrir que ciertos problemas no queden resueltos pese a que se ha puesto fin al conflicto armado.

"Colombia tiene una institucionalidad mucho más fuerte que la de Guatemala, pero no sería raro que el clientelismo político también continúe" y que siga habiendo impunidad, dijo Mack.

De hecho, en Colombia han aumentado los asesinatos y amenazas a líderes sociales en los últimos meses.

En opinión de Mack, esto ocurre porque se pretende instalar "un modelo económico que en lugar de ir cerrando brechas, lo que hace es abrirlas", como sucedió en Guatemala.

"Con el proceso de paz nos cambiaron el modelo económico sin que nos diéramos cuenta y el resultado lo vemos ahora", concluyó.

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