"El Ministerio muestra su satisfacción por la reciente desconvocatoria de la huelga anunciada para los días 20, 22 y 24 de febrero por los sindicatos", expresó Fomento a través de un comunicado.
Los estibadores decidieron suspender la huelga después de que el Gobierno se mostrara dispuesto a retrasar la tramitación del Real Decreto de la reforma de la estiba, prevista para este viernes.
"Muchas empresas dependen del comercio exterior y se verían claramente afectadas", dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre la amenaza de huelga.
Dicha sentencia se pronuncia contra la obligación que tienen las empresas a participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y a contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad.
En las últimas semanas la negociación llegó a un punto muerto después de que el Ministerio de Fomento anunciase su intención de aprobar de manera inminente el Real Decreto para modificar la regulación en los puertos.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), principal agrupación de estibadores, denuncia que el Ministerio de Fomento irrumpió "de forma abrupta" y "dinamitó" su capacidad de negociación ante la patronal, por lo que decidió convocar los paros.
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— jjcies (@RESISTIRyVENCER) 15 de febrero de 2017
Por su parte, el Gobierno justificó su intención de aprobar el Real Decreto lo antes posible argumentando que, de no hacerlo, España será sancionada.
"Si el Reino de España no da cumplimiento a la sentencia de 2014 con la aprobación del Real Decreto, se enfrentará a una multa diaria de 134.000 euros una vez que se ejecute la segunda sentencia, que se dictará de manera inminente", explicó el Ministerio de Fomento.
Los estibadores rechazan el texto propuesto por el Gobierno ya que, a su modo de ver, sus postulados no se derivan "en modo alguno" de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sino que son produzco de "una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral".
"Quieren aprovechar la sentencia para aplicar la reforma laboral en su máxima expresión", aseguró este jueves Antolín Goya, representante de la CETM.
La propuesta del Gobierno, apoyada por la patronal, es liberalizar el establecimiento de las empresas portuarias y la contratación de los trabajadores pasando por un periodo de transición en el que esas corporaciones tendrán que contratar en el primer año a un 75 por ciento de los trabajadores inscritos en la Sagep, a un 50 por ciento el segundo y a un 25% el tercero.
Los trabajadores, en cambio, solicitan la creación de un registro de trabajadores (actualmente hay 6.150 estibadores en España) al que las empresas se vean obligadas a recurrir para realizar las futuras contrataciones, manteniendo así sus puestos de trabajo.
Ambas posturas ha sido rechazadas por organismos internacionales: la Comisión Europea se opone a la creación de un registro de estibadores mientras que la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte denuncia que la propuesta del Gobierno incumple los convenios de la OIT sobre trabajo portuario.
El Ministerio de Fomento realizó este jueves un nuevo llamamiento a patronal y sindicatos para negociar en el marco de la negociación colectiva, "donde sí se pueden incluir aspectos que no tienen cabida en el Real Decreto".
