El IFT respondió que la reforma constitucional aprobada en diciembre por el Congreso y promulgada por Peña Nieto el año pasado en materia de telecomunicaciones y competencia económica "reconoció los derechos de las audiencias".
La nueva ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada por el propio presidente en julio de 2014 "ordenó al IFT emitir lineamientos en esta materia (defensa de las audiencias), lo que cumplió el pasado 29 de noviembre de 2016, después de un proceso de consulta pública y un amplio análisis de las mejores prácticas internacionales", replicó el organismo a la postura de Presidencia.
El otro tema que le corresponde defender, indica la respuesta del IFT, es "el derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa", en un país donde funcionarios de todos los niveles y empresarios suelen pagar para ser entrevistados, sobre todo en medios audiovisuales que marcan la agenda nacional.
La controversia constitucional
Los artículos del IFT que la presidencia ha impugnado fueron aprobados en diciembre pasado 2016 por el Congreso, con base en la ley promulgada en 2014.
Pero la Presidencia considera que los reglamentos a los noticiarios invaden sus facultades exclusivas para emitir regulaciones en materia de libertad de expresión, previstas en el artículo sexto de la Constitución vigente desde hace un siglo, aprobada en 1917.
Según la residencia presidencial de Los Pinos, el Poder Legislativo otorgó indebidamente atribuciones al IFT, con facultades reglamentarias que no le corresponden.
Peña Nieto considera que la Presidencia es la que tiene las atribuciones constitucionales para reglamentar "todo lo referente relacionado con aspectos de libertad de expresión".
Con motivo de la controversia constitucional, el IFT dijo a los poderes federales que "la ley y los lineamientos configuran un nuevo marco jurídico en materia de derechos de audiencias".
Los señalamientos incluso responsabilizan al IFT por normas previstas expresamente en la ley, pero como un órgano autónomo del Estado "tiene por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes en el ámbito de responsabilidad", establece la réplica.
Pero los lineamientos sobre la defensa de las audiencias constituyen el primer acto de aplicación de ocho artículos de la ley que han sido "controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación" por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejo.
El Gobierno mexicano considera que esos artículos invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente.
"El vicio es de origen porque la ley no le debió dar facultades al IFT para regular el derecho de las audiencias", dijo Castillejo.
La solicitud presidencial busca invalidar los lineamientos generales emitidos por el ente regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), facultados por una ley aprobada en el Congreso a finales de 2016.
En diciembre 2016, el autónomo IFT dio a conocer los lineamientos generales de las audiencias, que tienen como finalidad velar por la protección de sus derechos que ahora reclama la Presidencia.
