"Si nos dan la orden de recibir nuevos detenidos a corto plazo, estamos en condiciones de hacerlo y contamos en lo inmediato con 200 plazas en los dos campos principales", dijo el contraalmirante Peter J. Clarke, comandante de las fuerzas conjuntas que manejan la prisión, a cinco reporteros que realizaron la primera visita al centro de detención para sospechosos de terrorismo de la era Trump.
Clarke aclaró sin embargo que no podía decir con certeza si era recomendable o no alojar a esos 200, a menos, o a más.
Para comprobarlo, la defensa reclama acceso al texto completo del informe del Senado sobre las torturas de la CIA, del que solo se publicó en 2014 un resumen ejecutivo, mientras el resto sigue siendo secreto de Estado, lo cual ha abierto una batalla legal colateral que puede demorar años.
El resto de los prisioneros se encuentran en el limbo jurídico que caracteriza a Guantánamo desde su origen, en enero de 2002.
Hay 26 hombres viviendo en el Campo 6, a los que los militares consideran "muy obedientes" y por eso les han facilitado condiciones que les permiten moverse en espacios comunes, comer y rezar juntos, lavar su ropa y hacer la higiene del lugar, además de acceder a un espacio abierto donde pueden realizar ejercicio y cultivar algún vegetal.
Los restantes 15 detenidos, considerados de "alto valor de inteligencia" y entre los cuales están los sometidos a juicios, permanecen en el Campo 7, un lugar cuya ubicación exacta en Guantánamo es secreta, como todo lo que ocurre allí.
De los demás edificios y campos que formaron el centro de detención sigue activo, aunque vacío, el Campo 5, ubicado frente al Campo 6 y formado por cinco pabellones en forma de estrella: los bloques Bravo, Charlie, Delta, Echo y Alpha; en este último se está iniciando la construcción de un nuevo centro médico para los prisioneros.
"Si simplemente contamos la capacidad de camas en esas dos instalaciones (campos 6 y 5) entonces estamos en las 200 plazas de disponibilidad", dijo Clarke.
Pero el comandante observó que es imposible saber ahora "cuál va a ser la política bajo la cual conduciremos las operaciones de detención, si hay necesidad de alguna segregación entre los detenidos que ya están y llevan tiempo aquí y los nuevos, y cómo distribuirlos".
Hay "cuestiones que ahora tenemos en cuenta, como separar a los detenidos según sus preferencias culturales, en otras palabras, de distribuir a los detenidos de una manera que contribuya al mantenimiento de la obediencia", abundó Clarke.
Por eso, advirtió, "hasta que no sepa cuál es el grado de obediencia de los nuevos detenidos y su condición médica, no puedo estimar cuántas tropas más voy a necesitar; pero si tenemos que volver a usar el Campo 5, voy a necesitar fuerzas adicionales".
El contraalmirante reconoció que la prisión de Guantánamo es costosa, aunque evitó refrendar o rechazar la estimación de 10 millones de dólares por prisionero así como la cifra de 40 millones de dólares, dada por Trump durante la campaña electoral.
En cualquier otro lugar dentro de EEUU, la prisión "no requeriría vigilancia militar, ni equipo médico de dedicación especial ni un grupo de ingenieros que están constantemente trabajando en el mantenimiento de unas instalaciones que fueron concebidas como expedicionarias", es decir, para armar y desarmar en un escenario de guerra, pero que ya llevan 15 años, observó Clarke.
En ese caso, concedió el contraalmirante, se podría reducir el personal en un tercio más.
En lo que Clarke se mostró muy convencido es en que la práctica masiva de torturas no volverá a Guantánamo.
En una reunión que mantuvo con el personal después de las elecciones de noviembre, Clarke recibió preguntas y preocupaciones por el apoyo que Trump le dio a la tortura durante la campaña.
"Las cosas que se dicen en la campaña electoral son solo eso; de lo que estoy seguro es que no va a cambiar la forma humana en que tratamos a nuestros detenidos; seguiremos haciendo lo mismo, en respeto del derecho internacional y de las leyes y las políticas nacionales", concluyó.
