Desde entonces las muertes se propagaron a otras cárceles del país, por lo que el Tribunal Supremo Federal pidió que se hiciera un esfuerzo extra para sacar de las cárceles a los presos que pudieran tener condenas alternativas.
El objetivo era doble: por un lado para aliviar la masificación de las cárceles y por otro proteger a estos reos que estaban expuestos a las tensiones entre facciones rivales del narcotráfico que están motivando las matanzas.
Amnistía Internacional Brasil calcula que el número de presos en las cárceles brasileñas que están a la espera de un juicio es de entre el 40% y el 50% del total del sistema.
El presidente del TJAM, Flávio Pascarelli, explicó que los jueces analizaron los antecedentes de cada preso para decidir si debía ser puesto en libertad, aunque admitió no tener "informaciones exactas" sobre los delitos que habían cometido los 432 reos liberados.
"Esos que hemos liberado no serán monitorizados porque se entendió que no necesitaban continuar presos", aseguró.