"Nuestro caso se basa en que no existe poder prerrogativo en este contexto", resumió David Pannick, distinguido abogado constitucionalista, con escaño en los lores y representante legal de Gina Miller, la economista que interpuso la querella.
Miller recurrió a la Justicia para esclarecer la legalidad de esta posición adoptada por el Ejecutivo conservador tras la victoria del Brexit en el referénum del pasado junio.
La demandante, a la que se han unido otros ciudadanos y asociaciones, ganó el primer asalto cuando el tribunal inferior falló en noviembre que el Ejecutivo requiere la autorización de los diputados para proceder con Brexit.
Lord Pannick se remontó a la ley de 1972 sobre la incorporación del Reino Unido a la entonces llamada Comunidad Económica Europea para argumentar que solo el Parlamento tiene autoridad para para abolir o alterar este y otros textos legislativos.
"El poder prerrogativo no permite a los ministros anular derechos y obligaciones legales", sostuvo el abogado.
Lord Pannick esgrimió siete argumentos fundamentales en su defensa de la soberanía del Parlamento sobre la del Ejecutivo para accionar el mecanismo de salida de la UE.
"Solo un acto del Parlamento puede otorgar dicha autorización", defendió en su intervención ante los once jueces del tribunal Supremo.
El jurista argumentó además que su cliente no pretende "negar el efecto del referéndum, que es claramente un acto político de importancia".
La trascendencia constitucional del caso ha motivado la participación de todos los jueces activos del Supremo en la apelación del Gobierno.
Los once juristas deberán pronunciarse también sobre el papel de los Parlamentos autonómicos —Escocia, Gales e Irlanda del Norte— en la activación formal del Brexit.
El juicio está previsto de prolongarse hasta el jueves 8 y la sentencia se espera en enero de 2017.
