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Solo dos leyes promulgadas en un año de mayoría opositora en Legislativo venezolano

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CARACAS (Sputnik) — De las 10 leyes que aprobó la legislatura de mayoría opositora elegida en Venezuela el 6 de diciembre de 2015 solo dos fueron admitidas por el presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera ley que promulgó el Poder Ejecutivo fue la del Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados.

El TSJ declaró constitucional esa norma, pero su aplicación quedó sujeta a su viabilidad económica, por lo que aún los pensionados siguen a la espera de tal bono.

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La segunda, adoptada en junio, fue la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.

Mientras, las ocho leyes restantes no han sido admitidas por Maduro ni por el TSJ, que las consideran inconstitucionales.

La más polémica de esas normas fue la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con la cual se buscaba liberar al menos a 76 dirigentes opositores presos y frenar procesos judiciales contra cientos de políticos de oposición.

Otra ley anulada por el TSJ fue la de Crisis Humanitaria en Salud, por "usurpar" competencias del Poder Ejecutivo en materia de relaciones exteriores.

Suerte similar corrieron los proyectos de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, del Banco Central, y del TSJ, así como la reforma de la Contraloría General de la República y la del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Parlamento también bloquea

El primer parlamento de mayoría opositora desde que comenzó en 1999 el ciclo de gobiernos chavistas también ejerció, de su lado, acciones de bloqueo contra otros poderes.

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Apenas iniciada la legislatura, en enero de este año, esta rechazó el Decreto de Emergencia Económica emitido por Maduro para "defender al pueblo de la difícil coyuntura financiera que enfrenta" el país ante la caída de los precios internacionales del petróleo.

Pero en este caso intervino el TSJ, que el 14 de enero declaró constitucional el decreto, dejando sin lugar la decisión del parlamento.

El TSJ estableció la vigencia del decreto por 60 días y lo prorrogó otras cinco veces, la última el pasado 13 de noviembre.

Desacato legislativo

A su vez, el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato el 5 de septiembre y a todas sus resoluciones posteriores nulas e írritas, añadiendo más elementos al bloqueo institucional.

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Esta sentencia del TSJ fue consecuencia de que el 28 de julio el parlamento tomara juramento a tres diputados del estado de Amazonas (sur), Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, cuya elección estaba impugnada por presunto fraude electoral.

En consecuencia, dos leyes adoptadas a posteriori, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la que pretendía regular las actividades de exploración y explotación del oro, fueron consideradas nulas mientras la Asamblea no retomara el orden constitucional y desincorporara a los tres parlamentarios cuestionados.

Presupuesto sin parlamento

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Tal escenario institucional determinó que, por primera vez en la historia de Venezuela, su Ley de Presupuesto Nacional y de Endeudamiento fuera aprobada este año por el TSJ y no por el parlamento.

La decisión de no enviar el proyecto de ley presupuestal al Congreso la tomó Maduro tras consultar al TSJ los pasos que debía seguir para aprobar los recursos del año 2017 ante el hecho de que la Asamblea Nacional estaba en desacato y a su juicio "autodisuelta".

El TSJ sentenció que, en esta oportunidad, el presidente debía someterle el proyecto de presupuesto bajo la forma de decreto con rango y fuerza de ley, evitando así su paso por la Asamblea.

Librarse del desacato

En virtud del proceso de diálogo iniciado el 30 de octubre para superar la crisis, la mayoría opositora en el Legislativo accedió el 16 de noviembre a retirar a los tres diputados cuestionados, allanando el camino para que el TSJ revierta la sentencia de desacato que pesa sobre la Asamblea Nacional y que invalida todas sus acciones.

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Ante ello, resta esperar que el TSJ revoque la sentencia de desacato e inste al Consejo Nacional Electoral a convocar nuevas elecciones parlamentarias en Amazonas, según la hoja de ruta establecida en la mesa de diálogo para desbloquear el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Esa hoja de ruta firmada por Gobierno y oposición el 12 de noviembre establece que ambas medidas se tomen antes de este martes 6 de diciembre, cuando se cumple un año de las elecciones parlamentarias venezolanas que dieron mayoría a la oposición. 

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