"Desde que hemos empezado a hablar de muerte de mujeres en manos de sus parejas, en 2007, se han registrado casi 1.000 feminicidios en el país", dijo la activista con motivo de la celebración en todo el mundo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La también socióloga y exdirectora del Centro Investigación y Documentación de la Mujer (CIDEM) lamentó que la mayoría de los casos de violencia de género y feminicidio queden en la impunidad debido a la ineficiencia de los distintos niveles del Estado.
"Existe una normativa específica que protege a las mujeres como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) que lamentablemente no se cumple", afirmó.
La Fiscalía General del Estado informó el jueves que a lo largo de este año se produjeron 94 feminicidios en Bolivia y, de ellos, la mayoría tuvo lugar en las ciudades de Cochabamba (centro), El Alto y Santa Cruz (ambas en el este).
Marchas en el país
Brañez, integrante del Movimiento ni Una Menos, que este viernes impulsa marchas de protesta en cuatro ciudades del país contra la violencia hacia las mujeres, reclama al Gobierno que tome medidas en la materia.
"Nos empezamos a organizar como movimiento de mujeres Ni una Menos frente al incremento de los feminicidios para interpelar al Estado desde la sociedad civil y pedir que cumpla la Constitución Política" del país, añadió.
La activista también indicó que en los últimos tres años Bolivia aparece en la región en primer lugar en los registros por violencia física hacia las mujeres y ocupa el segundo puesto en violencia sexual, "lo que debiera llamar la atención de las autoridades".
"El movimiento de mujeres se movilizó en La Paz, como en otras ciudades, denunciando los casos de violencia y feminicidio que quedan en la impunidad y la falta de sensibilización de la administración de justicia y también porque el Estado no está cumpliendo con la normativa", sostuvo Brañez.
Aunque Bolivia logró aprobar una amplia normativa que busca proteger a las mujeres contra la violencia y toda forma de discriminación, las activistas que luchan por erradicar esta problemática sienten que su tarea de interpelación al Estado y control del cumplimiento de la ley debe continuar.
