Según el decreto, el período de detención durante el estado de excepción no podrá exceder un plazo de 30 días, excluido el tiempo para la entrega del detenido al tribunal más cercano.
Se informa además que fue cesada la actividad de 35 instituciones sanitarias, 1.043 instituciones de educación privadas, incluidas residencias privadas y pensiones, 1.229 asociaciones y fundaciones, 19 sindicatos, federaciones y confederaciones, 15 instituciones de formación superior creadas por fundaciones abiertas.
La intentona golpista que tuvo lugar en Turquía el pasado 15 de julio se saldó con 246 muertos —sin contar a los golpistas— y casi 2.200 heridos, según el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.
Más de 60.000 militares, policías, jueces, funcionarios y profesores fueron suspendidos, detenidos o están siendo investigados a raíz del golpe. El jueves pasado entró en vigor en Turquía un estado de excepción por un plazo de tres meses para superar las consecuencias de la sublevación. La Convención Europea de Derechos Humanos queda suspendida en Turquía mientras rija el estado de excepción.
