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Nuevo asesinato de ambientalista en Honduras busca atemorizar al pueblo

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El último asesinato de la ambientalista Lesbia Yaneth Urquía en Honduras demuestra que existe un propósito de atemorizar a los pueblos y que el país vive uno de los peores momentos desde el golpe de Estado militar de hace siete años, dijo este jueves a Sputnik Nóvosti la activista en derechos humanos Bertha Oliva.

"La apuesta es muy clara: atemorizar a los pueblos desde abajo para inmovilizar a las comunidades, a la reclamación colectiva. Se trata de desmovilizar al pueblo que se levanta a reclamar y defender derechos", señaló Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

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En opinión de Oliva, el país centroamericano está viviendo uno los peores momentos "dentro del golpe de Estado militar" que se dio en 2009 y que derrocó al Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) "pese a que han pasado siete años", explicó.

"No ha habido un ciclo de cierre del golpe militar de Estado. Estamos viviendo cosas que nunca hubiéramos pensado haber vivido", indicó Oliva en referencia de los asesinatos de activistas que han tenido lugar en Honduras en los últimos meses.

En la tarde del miércoles Lesbia Yaneth Urquía, activista e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue hallada muerta cerca del vertedero del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz (suroeste) con un trauma encéfalo craneal abierto.

Urquía era una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas y luchaba en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en San José.

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El Copinh aseguró en un comunicado que la muerte de Urquía es "un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista" y responsabilizó al "Gobierno de Honduras, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales" por no haberla protegido.

Esas instituciones "deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza", señaló el Copinh en el comunicado.

También criticaron a la diputada Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro "por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz".

Asesinatos que no cesan

La reconocida dirigente indígena Berta Cáceres fue asesinada a balazos el pasado 3 de marzo en el interior de su casa, pese a las medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un mecanismo de protección que se aplica a personas amenazadas.

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Cáceres intentaba proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas del proyecto de la empresa DESA, que pretendía construir una central hidroeléctrica en el noroeste de Honduras.

Tan solo 12 días después del crimen de Cáceres, fue asesinado Nelson García, destacado miembro del Copinh.

"Los asesinatos en Honduras no han parado", aseguró Oliva, sin embargo, "pesa más la condición de hacer nuestro trabajo", añadió a esta agencia.

"Hay una mezcla de ánimos entre impotencia y miedo y la indignación que uno siente por el abuso que hay en el país, pero pesa más la indignación porque tenemos un compromiso por la justicia", sostuvo Oliva.

La activista en derechos humanos insistió en señalar el riesgo que especialmente corren las personas con liderazgos locales en el interior de Honduras.

En ese sentido, recordó los casos de Abel Pérez y Santos Hernández, miembros de la Asociación de Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), "que se encuentran presos por defender sus territorios", añadió.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según la organización no gubernamental Protection International, pues además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas e intimidaciones que quedan impunes.

Datos de otras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2010 y 2015 fueron asesinados en el país centroamericano 109 ambientalistas.

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