La petición, realizada en nombre de Lula pero también de su mujer Marisa y de sus cuatro hijos, quiere esclarecer si hubo "abuso de autoridad" por parte del juez al divulgar las conversaciones telefónicas de Lula y su entorno grabadas por la Policía Federal.
El documento mandado a la Fiscalía se refiere al Decreto 678/92 y a la ley número 4.898/65 y tiene como base la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Federal Teori Zavascki, que invalidó los audios divulgados por Moro y le acusó de comprometer el resultado de la investigación por no tomar las cautelas necesarias.
En su momento la divulgación de los audios privados causó una gran polémica en Brasil. En una de las conversaciones la entonces presidenta Dilma Rousseff y el presidente Lula conversaban sobre la entrada del líder petista en el Gobierno, de una forma que daba pie a interpretaciones que apuntaban a que el nombramiento como ministro de la Casa Civil sería una forma de proteger al ex presidente de la Operación Lava Jato.
Para los abogados de Lula, según declaraciones recogidas por el portal G1, las "ilegalidades, arbitrariedades y filtraciones" no son actos aislados, sino una estrategia definida para inculpar a Lula y a sus familiares, aún sin la existencia de hechos concretos.