Este Gobierno tiene el mandato del Parlamento regional de iniciar "El proceso de un Estado catalán independiente en forma de República, según la declaración aprobada el pasado 9 de noviembre.
El Tribunal Constitucional anuló esta declaración y el Gobierno de España, hoy en funciones, ya ha dicho que no le temblará el pulso ante el reto secesionista.
En ese texto, los 72 parlamentarios independentistas, de los 135 de la Cámara, se comprometieron a "iniciar en el plazo de treinta días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública".
Así pues, a lo largo del mes de febrero, la política catalana empezará a desplegar tres leyes esenciales para la futura República.
Las formaciones nacionalistas están valorando cuál es la vía óptima para tramitar este conjunto de normativas, tanto desde el punto de vista de la eficacia como para evitar que Madrid impugne los trámites.
Todavía no está definido si comenzarán a tramitarse vía proyecto de ley —a iniciativa del Gobierno regional- o vía proposición de ley —a iniciativa de los grupos parlamentarios-.
Se especula con la posibilidad de que polémicas las leyes de la hacienda pública y de la seguridad social catalán surjan del Gobierno, mientras que la del proceso constituyente podría tener su origen en la cámara.
