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La Unión Sionista propone dos leyes que pueden limitar la libertad de expresión en Israel

© REUTERS / Ammar Awad Jerusalén, la capital de Israel
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La Unión Sionista (coalición de centro-izquierda integrada por el Partido Laborista y Hatnuah) ha preparado dos propuestas de ley que podrían limitar la libertad de expresión en Israel.

Una pretende extender las leyes de difamación a internet y las redes sociales, y la otra tiene intención de impedir que se publiquen los nombres de los soldados del Ejército israelí que están bajo investigación por acciones que llevaron a cabo como parte de sus deberes.

La primera propuesta, conocida como la ley de la vergüenza, está inspirada, en parte, por el suicidio de Ariel Runis, que era jefe de la oficina de la Autoridad de la Población, perteneciente al Ministerio del Interior.

Runis se quitó la vida tras ser acusado de racista en un mensaje de Facebook que se propagó por esta red social.

La propuesta, impulsada por la diputada Revital Swid, de la Unión Sionista, atribuirá la misma responsabilidad a los que gestionan los sitios de internet y las redes sociales que a los que llevan otro tipo de medios de comunicación.

El proyecto tiene en cuenta la complejidad de los medios digitales y prevé que los que gestionan las páginas web puedan alegar que no violaron la ley si eliminaron los mensajes ofensivos inmediatamente después de verlos.

Diputados de la izquierda y la derecha han mostrado apoyo a la propuesta de Swid, pero aún no se sabe si el Comité ministerial correspondiente la aprobará y el Ministerio de Justicia no pondrá objeciones o si, por el contrario, Justicia tendrá alguna objeción, hecho que retrasaría su aprobación.

Hasta ahora, los ministros del Gobierno han votado en contra de casi todas las propuestas de la oposición para no concederle ninguna victoria política.

La segunda ley, impulsada por el diputado Eyal Ben-Reuven, de la Unión Sionista, pretende prohibir la publicación de los nombres de los soldados que son investigados por operaciones militares.

La medida no se aplicaría a los acusados de cometer delitos fuera de sus obligaciones militares.

La difusión de detalles de los acusados e incluso sus nombres solo estaría permitida si lo decidiera un tribunal por el bien del interés público.

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