Scotland Yard arrestó al actual jefe de los Servicios de Inteligencia y Seguridad de Ruanda en el aeropuerto londinense de Heathrow en virtud a una orden europea de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional de España en 2008 y una posterior orden internacional de arresto.
En su llamamiento, las familias españolas recuerdan que el Juzgado Central de Instrucción de Madrid "dictó un razonado auto de procesamiento" contra Karenzi y otros 39 militares del Frente Patriótico Ruandés (FPR) por supuesto genocidio y presuntos crímenes de guerra, terrorismo y contra la humanidad perpetrados entre 1990 y 2002 en Ruanda y el Congo.
Karenzi dirigió las operaciones de Inteligencia militar del FPR y fue un cercano aliado del presidente Paul Kagama tras la guerra civil que llevó al genocidio de los tutsis sobre los hutus. En 2010 fue expulsado del Ejército "por conducta inmoral".
El Gobierno de Ruanda, y destacados exministros conservadores británicos, han denunciado como maniobra política la detención del sospechoso criminal de guerra a requerimiento del juez español Fernando Andreu.
Los familiares consideran el arresto de Karenzi "un paso importante" en la campaña por obtener justicia para todas las víctimas del brutal conflicto y demandan a Reino Unido que lo retengan en prisión preventiva hasta su entrega a España.
El Convenio Europeo de Extradición agiliza los trámites entre los países de la UE, pero los abogados británicos tienden a exprimir los procesos hasta agotar todas las posibilidades.
El precedente anterior de justicia internacional entre España y Reino Unido- la petición de extradición del general Pinochet- superó los obstáculos judiciales pero fue abortado por el entonces gobierno laborista británico, que permitió su retorno a Chile.
Está previsto que Karenzi solicite su libertad condicional en una vista preliminar que tendrá lugar este jueves en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, salvo imprevistos de última hora.
