El pasado mes de noviembre la Policía Federal (PF) detuvo a diversos directivos de 18 de las principales empresas de construcción e ingeniería del país, y poco después la Contraloría General de la Unión (CGU) empezó un proceso para que algunas de ellas –Camargo Correa, Engevix, Galvao Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvao y UTC-Constran— tuvieran como represalia la imposibilidad de obtener contratos de obra pública por parte del Gobierno.
Según apunta el diario Folha de Sao Paulo, las empresas pasarían a negociar con la Abogacía General de la Unión y devolverían íntegramente el dinero correspondiente, quedando así libres de culpa. Para que el Gobierno no sea acusado de ceder ante sus presiones los empresarios también prevén que parte del pago se haga con acciones que dan derecho a decidir sobre el rumbo de las empresas.
El Gobierno de Dilma Rousseff se encuentra ahora en la disyuntiva de apostar por preservar la actividad de las empresas para evitar obras paradas y despidos o aceptar una propuesta que exime a los empresarios de culpa y podría dar la imagen de que el Gobierno está salvando a los que delinquieron, algo que el Ejecutivo del Partido de los Trabajadores (PT) quiere evitar a toda costa.
Los empresarios de la Operación Lava Jato son sólo una parte de la monumental trama que ha esquilmado Petrobras en la última década: en total, 25 personas, entre directivos, cambistas, políticos y operadores han sido condenados a prisión preventiva por la Justicia del Estado de Paraná, donde se instruye el caso. La propia Petrobras estimó que la red de corrupción le ha provocado un agujero de 2.000 millones de dólares.
