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Un sindicalista colombiano demanda BP por complicidad en su secuestro

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El colombiano Gilberto Torres acusó a BP de complicidad en su secuestro por paramilitares contratados por una filial en Colombia del grupo petrolero británico en una querella judicial que comenzó este viernes en Londres.

El destacado líder sindicalista fue apresado a punta de pistola en febrero de 2002, poco después de salir con su vehículo de la central de Ocensa, la empresa montada para construir un oleoducto hasta el mar del Caribe por la compañía estatal colombiana Ecopetrol y en la que BP tenía entonces el 15.2% del accionariado.

Torres había organizado huelgas y protestas en la región de Casanare, en el este de Colombia, por el asesinato de un colega sindicalista y había sido amenazado de muerte, según el mismo narra en un documental difundido en la edición digital del diario británico The Guardian.

La investigación recoge también testimonios de los propios secuestrados que alegaron ante el juez que las petroleras pagaron 100 millones de pesos (40.000 dólares) por la "desaparición" de Torres.

La ONU estima que 3.000 activistas sindicales fueron asesinados y otros 6.000 han desaparecido en la región de Casanare en los últimos 30 años.

El movimiento Oil Justice (Justicia en el Petróleo), que hoy renovó su campaña al iniciarse el juicio en el Alto Tribunal británico, eleva el número total de víctimas a 12.000, equivalente al 4% de la población de esa región colombiana.

De acuerdo con el bufete de abogados, Torres es la primera víctima que escapa con vida a un ataque de las brigadas de seguridad del oleoducto de Ocensa.

El sindicalista fue liberado a los 42 días de su secuestro y tras sufrir torturas por los paramilitares a sueldo de las petroleras, según denuncian sus representantes legales.

Es probable que la convocatoria de una huelga nacional en protesta por su desaparición influyera en el cambio de la orden inicial para matar y hacer desaparecer el cuerpo del activista sindical.

BP niega la acusación y ha montado una "vigorosa" defensa en este pleito sin precedentes en que Torres demanda indemnización por los daños sufridos a consecuencia de su cautiverio, hace 13 años.

En declaraciones al diario The Guardian, la abogada británica, Sue William, explicó que no se acusa a BP directamente del secuestro, sino por no prevenir o acabar con las acciones paramilitares de las brigadas de seguridad contratadas por las petroleras.

"Amnistía Internacional informó a BP en numerosas ocasiones sobre los asesinatos y desapariciones pero falló a la hora de actuar efectivamente sobre estos avisos", alega William, del bufete londinense especializado en derechos humanos Deighton Pierce Glynn.

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