El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció un golpe de Estado en marcha expresado en los ataques a candidatos oficialistas electos, quema de sedes del Tribunal Electoral y cuestionamientos a la legitimidad de los comicios del pasado domingo.
Para la politóloga Helena Argirakis, "Bolivia está viviendo la proyección de lo que fue el momento político de 2008, cuando se vivió un golpe cívico-prefectural. Ahora hay un intento de golpe, con otras características y otros actores".
La académica habló de una "maquinaria golpista" que habría comenzado a gestarse cuando se produjo una interrupción del conteo electoral. "En ese interín empezó a movilizarse el opositor Comité Cívico Por Santa Cruz, que había generado un acuerdo político con Comunidad Ciudadana, el partido del candidato opositor Carlos Mesa, para presionar por una segunda vuelta. Se llamó a un paro cívico indefinido y a un cabildo para posesionar a Mesa como presidente de Bolivia", señaló.
Argirakis también se refirió a los desmanes producidos en los últimos días, luego de concluida la jornada electoral.
"Sospechosamente se quemaron urnas, desaparecieron actas, se incendiaron los tribunales electorales departamentales, todo para instaurar en la ciudadanía la idea de fraude".
En ese sentido, la analista indicó que el escenario encuentra similitudes con la situación que atravesó el propio Morales en 2008, aunque en ese entonces se encontró una salida negociada. "Esto genera una sociedad polarizada. Por eso hablo del empate catastrófico entre las fuerzas que defendían el proceso de cambio del MAS y las fuerzas conservadoras que buscan hacerse del Estado, que se resolvió en 2008 por medio del diálogo y la derrota política de la oposición".
"Las correlaciones de fuerzas ahora son diferentes. Muchos consideramos que lo que busca la oposición es generar un escenario de enfrentamiento, violencia, muertos, para hacer un llamamiento a la ayuda humanitaria internacional", advirtió Argirakis.
Paro de 48 horas y movilización en Chile
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) denunciaron conjuntamente los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad chilenas durante la represión desatada y el toque de queda. La cifra oficial de fallecidos se eleva ya a 18, cinco de ellos muertos por agentes del Estado. De los 269 heridos, 137 recibieron impactos de armas de fuego, al tiempo que 1894 personas fueron detenidas, siendo 215 menores de edad. Lo llamativo es que se presentaron 3 querellas por agresiones sexuales por parte de la policía militarizada.
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