Los militares fueron acusados de intentar cambiar el orden constitucional y secuestrar al secretario de la Presidencia de Turquía, Fahri Kasirga, para trasladarlo a una base militar durante la asonada.
Además, el excomandante de la guardia presidencial, el coronel Muhsin Kutsi Bariş, fue condenado a 12 años de prisión y otros dos militares fueron absueltos.
Turquía vivió la noche del 15 de julio un fallido golpe militar que se saldó con más de 240 muertos y casi 2.200 heridos.
Después de la asonada Ankara inició una campaña de purgas en la que fueron arrestadas más de 40.000 personas y cesados o suspendidos unos 140.000 militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes.
Las autoridades turcas acusaron al predicador islámico Fethullah Gülen, autoexiliado en EEUU, de haber organizado el amotinamiento.
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Gülen rechazó de plano la acusación de estar detrás de la asonada y propuso establecer una comisión internacional para investigarla.