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    Hace más de cinco siglos se expulsó a esta comunidad de la península ibérica y en 2015 se firmó una ley que daba la posibilidad de recuperar el pasaporte del país.

    Se llama sefardíes o sefarditas a aquellos judíos que vivieron en la península ibérica hasta la llegada de los Reyes Católicos. En 1492, esta pareja que anexionó las principales coronas de la región les expulsó y prohibió su religión. Mediante un edicto, les persiguieron y echaron para que no influyeran sobre los conversos, los "nuevos cristianos". Muchos se marcharon a países cercanos, como Francia, o a otros más lejanos, como Turquía. Y de allí se expandieron por todo el mundo.

    En junio de 2015, el gobierno del Partido Popular (con Mariano Rajoy a la cabeza) aprobó una ley para otorgar la nacionalidad española a los descendientes de estos sefardíes. El plazo era de tres años, empezando el 1 de octubre. Luego lo amplió hasta 2019. Y aún se mantiene una línea abierta para los expedientes presentados. La norma suprimía la necesidad de residencia en España y no exigía la renuncia a la nacionalidad anterior. "Pueden acogerse todos aquellos sefardíes que prueben dicha condición y una especial vinculación con España", subrayaban. Se firmó como un gesto para reparar el pasado con esta comunidad —el "agravio histórico", según definieron— y se esperaba un aluvión de solicitudes.

    No hubo tantas al principio, en contra de lo que se esperaba. Sin embargo, fue precipitándose en los últimos meses. La voz se había corrido y, por diferentes motivos, la gente que podía tener algún ancestro sefardí se volcó para conseguir el pasaporte español. Independientemente de que mantuvieran el judaísmo. En los meses de 2019 hasta finales de agosto, según expuso el diario El País, el Consejo General del Notariado había recibido 60.226 solicitudes de nacionalidad. De esas, solo 26.290 habían llegado al Ministerio de Justicia. En total, a lo largo de todo el proceso se habían registrado unas 127.000 peticiones.

    ​"Aunque el plazo acabó el 1 de octubre de 2019, aún se están tramitando expedientes y admitiendo subsanaciones", comenta Neyvi Tolentino, CEO del despacho de abogados que lidera con su nombre en Madrid. "En estos cinco años se han gestionado unos 15.000 por la administración, pero faltan 111.902. Por lo que se está viendo cómo hacer un plan de choque para acelerar su resolución. Además, se prevén miles de casos denegados por no cumplirse los requisitos, por lo que es muy conveniente subsanar antes de ser procesados".

    Tolentino, especializada en extranjería, vio en el momento de la ley que existía cierto desconocimiento. Empezó a asesorar a compatriotas suyos de República Dominicana y a quienes tuvieran acreditado su linaje sefardí por la Federación de Comunidades Judías de España o por un genealogista que certificase, mediante actas de bautismo, la relación con un sefardí reconocido. Luego le llegaron clientes de México o Venezuela: en el cómputo general, son los que lideran el ranking, con unas 20.000 y 14.600 peticiones.

    "Gestionamos ahora muchos por Portugal, donde la ley sigue activa pero el proceso de genealogía es más complejo y completo", advierte.

    Desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) todavía se ofrecen certificados, que requieren de ciertos documentos y que hay que complementar con conocimientos de la cultura. Uno de los papeles básicos es el estudio genealógico que confirme las raíces. Pablo Sánchez, experto en derechos hereditarios, ha llevado algunos de los casos. "Como son muchos siglos, la investigación se complica", explica el veterano, con casi dos décadas de experiencia en estos asuntos.

    "Lo importante no es solo encontrar el vínculo, sino acreditarlo", apostilla Sánchez, "y en este caso he necesitado muchos documentos tanto de la Inquisición como de comunidades sefardíes en el extranjero".

    Sánchez ha viajado a Sudamérica en busca de evidencias y ha seguido el rastro de una población desterrada. "Es interesante, porque había un número grande en Holanda que terminaron yendo a islas de Caribe como Curazao o Aruba para protegerlas y hablaban una mezcla del ladino (su variedad dialectal del español de la época) y el criollo o el holandés que se llamaba papiamento", cuenta el genealogista.

    "He encontrado en muchos rincones de América, como los estados mexicanos de Jalisco o Nuevo León, y en países como Marruecos, Siria, Croacia o Turquía, donde había ancestros sefardíes. Al principio, la gente no sabía sus orígenes y, como ley no tenía ningún carácter religioso, lo pedían por diversos motivos. Unos por una cuestión personal y otros por emigrar", sostiene Sánchez, que habla de cómo muchas familias de Colombia, Perú, Panamá o Ecuador detectaban un apellido concreto y decidían indagar. O cómo en Venezuela muchos casos se llevaban a cabo por salir de allí a toda costa. Todo el proceso, entre las tasas, el certificado y los exámenes en el Instituto Cervantes, ronda los 500 euros. Y eso lleva a algunos a hacerlo por saldar una deuda personal y a otros a intentarlo a la desesperada. 

    Pero no siempre funciona. Aunque haya un pasado judío, las ramas pueden variar. Y si no es la ibérica, se deniega. Ziva Szeinuk Freidkes, directora de la agencia Sefarad Connection en Madrid, comenta cómo, hasta la creación del Estado de Israel en 1948, esta religión aunaba diferentes etnias. Estaban los sefardíes (procedentes de Sefarad, que abarcaba la península ibérica y ahora se relaciona solo con España), los askenazíes, del centro de Europa, o los mizrajíes, de oriente próximo, entre otras.

    "Viajaron por todo el mundo, desde la cuenca mediterránea hasta África o Asia", asevera, mostrando la complicación de buscar los pasos de los sefardíes cinco siglos después. "Lo curioso es que muchos mantuvieron la lengua", indica.  

    No es el caso de Heba Iskandarani, palestina de 26 años. Acaba de aparecer en varios medios de comunicación porque en agosto le aprobaron la nacionalidad española. Iskandarani nació en Dubái, vive en Birmingham (Inglaterra) y es hija de madre libanesa y padre palestino, pero su estatus era de apátrida. Las ganas de abandonar esa condición la llevaron a encadenar carambolas hasta conseguir la nacionalidad.

    "Descubrí raíces españolas en mi abuelo", comenta en inglés, a pesar de asegurar que "entiende bien" el castellano leído. Buscó en su legado hasta que localizó un documento de identidad de su abuela, que se apellidaba Al Djerbi. "Eso proviene de Djerba o Yerba, isla de Túnez con una ancestral comunidad judía", resuelve como prueba concluyente de su progenie, al que tuvo que agregar otros "justificantes" como donaciones a oenegés o fotos viendo series del país ibérico.  "El 12 de septiembre recibí el pasaporte y fue como un nuevo cumpleaños", confiesa la universitaria, que lo muestra en fotos como un trofeo.

    Casi como hará Laura Asilis. Dominicana de 49 años, esta empresaria lleva la mitad de su vida casada con un español, tiene tres hijos con él y aun así no goza de la nacionalidad. Por eso, recurrió a Neyvi Tolentino para conseguirla. "Me enteré de que había descendientes en Santo Domingo por la comunidad libanesa que hay", afirma Asilis desde Miami, donde ha ido a tratarse una dolencia médica: "Llevo varios meses esperando, no es algo que se logre de la noche a la mañana y ya tengo ganas de tenerlo".

    ​Lo ha hecho por su comunión con el país: "No tengo problemas de visado para moverme al extranjero", defiende quien regenta una agencia de viajes, "pero quería el pasaporte y he aprendido mucho durante esta investigación". Una de las cosas que ha descubierto es que una de sus generaciones previas fue expulsada de España, país que considera, a día de hoy, en 2020, su "segunda casa": "Paso allí mucho tiempo, aunque aún no tenga la nacionalidad".

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    pasaporte, Suramérica, nacionalización, libertad religiosa, religión, descendencia, éxodo, expulsión, Europa, España, sefardíes, judaísmo, judíos
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