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    Casi 6 millones de mexicanos subsisten de su trabajo como jornaleros agrícolas, con un marcado perfil indígena y como migrantes internos en el país. Aunque su situación es la más precaria, sin contratos, sin seguridad social y con los sueldos más bajos, alimentan con sus manos a la población de medio continente

    Aunque los datos oficiales son escasos, es claro que México tiene marcadas zonas de origen de los jornaleros en el sur y sureste del país y otras, más cercanas a Estados Unidos, son las zonas de producción que los contratan —el 80% de los campos agrícolas están en el noroeste mexicano, en Sinaloa y las Bajas Californias norte y sur—.

    Así, la migración interna de los denominados "trabajadores golondrina", es una de debilidad intrínseca para este núcleo fundamental de trabajadores, cuya explotación sostiene la vida de poblaciones enteras.

    La movilidad es, también, un problema adicional que deben enfrentar ante el advenimiento de la pandemia de COVID-19 en México que les ha traído muestras de discriminación y maltrato por distintos personajes, entre ellos actores públicos.

    Alejados de los centros de salud, hacinados en lugares dónde viven varias familias juntas, los jornaleros agrícolas mexicanos requieren de una atención especial que, ante la crisis sanitaria, pueda sacudir las bases de la desigualdad que los tiene en el eslabón más bajo de la cadena de la pobreza, aunque sus manos construyan la única riqueza sin la que nadie puede vivir: la comida.

    Este panorama proviene del intercambio que se generó en la décima conferencia del ciclo sobre Soberanía Alimentaria e innovación tecnológica, organizados por la subsecretaría que Víctor Suárez encabeza dentro de la Secretaría de Agricultura Federal, la cual culminó con el compromiso de crear una mesa de trabajo específica para atender el problema de los trabajadores rurales mexicanos.

    Panorama estatal

    La Secretaria de Trabajo y Previsión social, Luisa María Alcalde, participó del evento y brindó algunos datos oficiales del primer trimestre del año 2020 (obtenidos por la Encuesta nacional de ocupación y empleo, ENOE) que pintan el panorama antedicho:

    • Hay 3.107.910 personas registradas en México como subordinadas y remuneradas del sector primario;
    • El 80% de ellas lo hace de manera informal, sin seguridad social;
    • La Secretaría, por medio del Distintivo de empresa agrícola libre de trabajo agrícola (Dealty) tiene conocimiento de 63 centros de trabajo agrícola en México;
    • Otros 24 centros de trabajo fueron identificados por el centro de ddhh Tlachinollan de la montaña de Guerrero, que participó del evento.

    Alcalde mencionó que ante el advenimiento de la pandemia, su secretaría construyó una serie de Guías de seguridad y salud, en conjunto con el Grupo intersecretarial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad (Gisamac) que han servido como parámetro para las condiciones de trabajo que deben garantizarse para esta población, que no ha dejado parado su actividad, a pesar de la pandemia.

    "Esta actividad no fue suspendida ni siquiera durante el semáforo rojo, al ser considerada esencial por obvias razones. Fue gracias a la actividad de los jornaleros y de las familias campesinas que no hubo desabasto en México y eso ha significado un bienestar frente a la adversidad", dijo alcalde durante el evento, que se llevó a cabo de manera virtual.

    El problema, indicó la secretaria, fue la difusión de las Guías de seguridad y salud confeccionadas para paliar la expansión de la pandemia, ya que tienen una comunicación limitada con los empleadores del sector.

    "Tenemos direcciones erróneas y teléfonos no actualizados. Es un reto de las instituciones consolidar bases de datos que nos permitan actuar de manera más inmediata para informar a la población agrícola", sostuvo la Secretaria Alcalde.

    Posiciones distantes

    Para reflejar la situación desde distinto ámbitos, participaron del conversatorio interlocutores del sector social y empresarial:

    • Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas;
    • Abel Barrera, director del Tlachinollan, el Centro de DDHH de la montaña de Guerrero.

    Por los patrones participó Mario Steta Gándara, director general de Driscoll´s Latinoamérica, una de las principales marcas que produce en México para abastecer al mercado consumidor en Estados Unidos.

    Nemecio planteó que además de los trabajadores migrantes, hay población jornalera asentada en contextos rurales e indígenas. Señaló que muchas de las rutas de traslado no están plenamente identificadas y que además muchos jornaleros se desplazan por medio de contratistas, que fungen de intermediarios con los centros de trabajo agrícola, lo que "limita la acción gubernamental".

    "No todos los centros de trabajo agrícola son como imaginamos los grandes campos del noroeste del país, hay unidades que se han vuelto catalizadores del reclutamiento mayúsculo de la población jornalera en México", sostuvo.

    La coordinadora de la Red de jornaleras y jornaleros aclaró que la preocupación principal que dificulta su bienestar es la falta de una vivienda adecuada, la cual no siempre está garantizada por las empresas que los contratan.

    "Suelen organizarse por grupos familiares para alquilar viviendas, no hablamos de casas, sino muchas veces de cuartos o bodegas que carecen de servicios y que no garantizan las condiciones salubres para esta población, ni permiten el distanciamiento social que requiere la prevención de la pandemia", comentó.

    El antropólogo Abel Barrera señaló que la autoridad no atiende los puntos de salida de la población jornalera del país. Señaló que mientras existió el programa de atención a jornaleros agrícolas, ciudades como Ometepec, Chilapa y Tlapa, en el estado de Guerrero, funcionaban como núcleos de salida, pero ahora eso se ha dispersado, perdiendo la posibilidad de atender a esta población.

    "Hemos pedido que haya un módulo de salud en que se atienda y se verifique el estado de salud de la población jornalera, pero es un tema complicado por parte de las autoridades que no tiene cómo atender a quien está saliendo", señaló.

    Barrera hizo hincapié que, desde Tlachinollan, han ubicado 30 campos en el norte del país a dónde la gente de su zona está encaminada para trabajar y contó que 6,000 personas salieron de la región de la montaña entre febrero y mayo de 2020, cuando la pandemia ya estaba activa en el país.

    "No hay registro de estas 30 empresas ni tampoco de los servicios de transporte que los trasladan hacia los puntos, que tampoco tienen seguros de viajero por si algo sucede con las personas durante el camino, ¿quién monitorea a estas empresas?", inquirió.

    Afirmó que es la población mixteca la que está saliendo a mares de sus pueblos para ir a trabajar a los campos agrícolas, según los datos cosechados por Tlachinollan, respecto a los idiomas madre que hablan estos habitantes. El 51% de ellas son mujeres.

    "Estos son los asalariados no calificados los que dan de comer a México", apuntó.

    Cuando fue el turno de Steta, afirmó que estas son "carencias ancestrales", evitando responder a las preguntas directas vinculadas a la garantía de una vivienda adecuada por parte de multinacionales como Driscoll´s que contratan a esta población. Sostuvo que es el Estado quien está en falta por no construir infraestructura para beneficiar a estos trabajadores. "La necesidad de la producción alimentaria es que estas actividades no cesen", sugirió.

    Sobre las acciones concretas aplicadas por las grandes empresas comercializadoras de comida fuera de México, Steta señaló que las modificaciones a raíz del COVID-19 están previstas en las áreas de empaque, que funciona en línea y por tanto, no permite la sana distancia recomendada por las autoridades sanitarias.

    "En empaque es un problema serio y complejo, que muchas empresas están llevando a cabo y se va a resolver. Es un hecho que es un proceso que está llevando tiempo, que no se va a hacer de golpe, que implica recursos y costos que salen de algún lugar", señaló el representante de la trasnacional. Afirmó que su empresa es contraria a que la autoridad sanitaria penalice a las empresas que no cumplen con los requisitos para prevenir contagios de COVID-19 ente la población jornalera de México.

    Etiquetas:
    México, agricultura
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